Otra reforma pensional, ¿a dónde quieren llegar?

Julio Roberto Gómez*

Desde hace mucho tiempo las reformas del mercado laboral están en el centro de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y en el marco de la aplicación de las políticas de ajuste estructural (PAE) y del llamado Consenso de Washington. También desde entonces, la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), la CLAT y la CMT han afirmado que tales políticas están en contra de los intereses de los trabajadores.

Fotografía Guillermo Flórez

En este sentido, y con respecto a la nueva reforma pensional, es claro que la crisis que acusa el sistema pensional en Colombia tiene sus orígenes en situaciones de carácter estructural en las que los trabajadores no tenemos ninguna clase de responsabilidad.

Cuando en 1993 el Congreso de la República adoptó la Ley 100, no quisieron los legisladores tener en cuenta los requerimientos del movimiento sindical, respecto a introducir en la ley elementos de fondo que impidieran un colapso del sistema hacia el futuro, tomando como principios rectores del nuevo modelo de seguridad los valores de universalidad, solidaridad e integralidad.

De hecho, la Ley 100 de 1993 elevó de 500 a 1.000 semanas los tiempos mínimos de cotización para acceder a una pensión de jubilación, aumentó las edades a partir del 2014 en dos años para hombres y mujeres, e incrementó las cotizaciones del 8% al 12,5%, llegando al extremo de convertir por ley a la salud en un "negocio" rentable, que ha hecho colapsar toda la red hospitalaria de nuestro país, profundizando los esquemas de medicina prepagada, recortando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, todo esto con la argumentación de aumentar la cobertura.

Luego vinieron los decretos reglamentarios que volvieron el sistema un galimatías incomprensible, y, nuevamente en el año 2002, comienza un nuevo calvario para los actuales y futuros pensionados, con la expedición de la Ley 797 que en materia pensional "perfeccionó" la obra neoliberal del año 1993. la Ley 100, al debilitar el sistema de prima media, con prestación definida, privilegió el ahorro individual.
Pero cuando todo parecía indicar que había concluido esta etapa, el gobierno propicia otra pesadilla a los trabajadores y la población con un nuevo proyecto de ley que, de aprobarse, convierte en una verdadera odisea acceder a una pensión de jubilación.

El proyecto acaba los regímenes especiales, permite pensiones inferiores a un salario mínimo legal, liquida las conquistas sobre pensiones en la negociación colectiva, acaba el sistema de prima media con prestación definida y elimina la mesada 14.

Conviene, en consecuencia, exponer algunas reflexiones encaminadas a equilibrar un debate inaplazable poniendo sobre el tapete consideraciones no contempladas hasta ahora por las mayorías parlamentarias afectas al Gobierno.

1. Para empezar, mientras en el país no exista una clara conciencia de que el sistema pensional está íntimamente ligado a una política de empleo, jamás vamos a salir de la crisis, ya que una cosa es un sistema pensional con una tasa de desempleo del 22% y otra cosa muy distinta sería si la tasa de desocupación fuera del 3% o del 5%.

2. En Colombia, en sana lógica, no deben existir pensiones superiores a 20 salarios mínimos legales, ni en el sector público ni en el sector privado, por razones de equidad y justicia.

3. Trabajadores y empresarios deben cotizar a la seguridad social sobre la totalidad de sus ingresos para que la solidaridad sea un elemento central, esto quiere decir que así como quien gana el Salario Mínimo Legal Vigente cotiza por todo su salario, quienes devengan 30, 50, 80 ó 120 millones de pesos al mes también deben cotizar en salud, pensión y riesgos profesionales por lo que realmente devengan.

4. El sistema de prima media demostró su viabilidad, razón de más para que se mantenga, se desarrolle y se perfeccione impidiendo que los pobres subsidien a los ricos, aunque con las anteriores observaciones esto quedaría solucionado.

5. Debe existir un fondo único de pensiones de carácter mixto que nos permita no solo un manejo transparente de los recursos, sino, además, un monitoreo permanente para hacer los ajustes que se
vayan requiriendo.

* Secretario General de la Confederacón General de Trabajadores Democráticos (CGTD)