Las herencias de la impunidad

Michael Fruhling. Fotografía Guillermo Flórez

Mientras el país conviva con la impunidad, la reconciliación será una utopía y la deshonra de los derechos humanos, su crimen más atroz. Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifica la degradación del conflicto interno armado.

Nelly Mendivelso y María Claudia Rojas R.*

UN Periódico: Después del 11 de septiembre el término terrorismo se resignificó en el mundo, sin embargo en Colombia su uso indiscriminado no permite saber de qué se está hablando. ¿Las Naciones Unidas, como organismo multilateral, tienen una definición universalmente aceptada?

Michael Frühling: No existe todavía una definición consensuada, sino aproximaciones elaboradas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Más o menos la definición es acciones violentas que se cometen para sembrar zozobra entre la población civil. Los actos de terrorismo se pueden llevar a cabo dentro del conflicto armado o fuera de él. Para el Alto Comisionado llamar a todo terrorismo no ayuda a entenderlo, por el contrario, tiende a esconder más de lo que explica. Resumir lo que pasa en Colombia bajo la etiqueta de terrorismo deshace el beneficio que significa la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual cobija acciones realizadas por la fuerza militar legítima del Estado o por los grupos armados ilegales.

UNP: ¿Cuál es su criterio frente a la desmovilización masiva de los grupos paramilitares que comenzó con el grupo Cacique Nutibara en Medellín?

MF: Es muy deseable buscar diálogos y negociaciones con grupos armados ilegales -llámense guerrilleros, autodefensas y paramilitares-, para superar el conflicto interno. Pero no cualquier tipo de negociación: es importante que la agenda la encabece el tema de los Derechos Humanos, el DIH y los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hemos planteado al gobierno cómo se podrían confeccionar opciones jurídicas en el proceso de negociación con los grupos armados ilegales: por ejemplo, constituir una comisión extrajudicial de esclarecimiento. En cuanto al derecho a la justicia, hemos dicho que debe asegurarse que quienes han cometido crímenes atroces pasen un tiempo razonable privados de su libertad, en una segunda fase se les dé libertad domiciliaria y, en una tercera, tengan libertad condicionada. Otra de nuestras recomendaciones es crear un fondo compensatorio para las víctimas y sus familiares, que se debe alimentar de los recursos provenientes de una efectiva ley de extinción de dominio.

UNP: En ese sentido, ¿cómo reparar a los desplazados?

MF: Algunos paramilitares poseen grandes extensiones de tierra y, eventualmente, van a tener que dejárselas al fondo compensatorio. En un proceso de superación del conflicto armado estas tierras deben pasar a manos del Estado para recompensar a quienes les fueron quitadas.

UNP: ¿Cuál es la opinión de las Naciones Unidas frente a la política de seguridad democrática del presidente Uribe?

El conflicto armado registró un incremento de la violencia selectiva en contra de las autoridades tradicionales indígenas y los líderes afrocolombianos.

MF: Tiene propósitos que son buenos, por ejemplo, garantizar la seguridad por igual a todos los ciudadanos, pero en la aplicación de la política de seguridad no se han tomado las acciones para que así sea. Las detenciones y los allanamientos masivos, con fundamentos muy débiles, muestran que no hay seguridad por igual para todos. Un elemento positivo ha sido dotar a todos los municipios con estaciones de policía, porque debe ser el Estado el que tenga presencia en todos los rincones del país. No obstante, debe estar acompañada de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Fiscalía.

UNP: ¿Cuáles son los criterios del Alto Comisionado frente al estatuto antiterrorista?

MF: Lo que se ha llamado estatuto antiterrorista no es cualquier ley, hay que tener cuidado de llamarlo solo estatuto antiterrorista. El gobierno y el Congreso, al reformar la Constitución, el 10 de diciembre del año pasado, tomaron una decisión que no es compatible con los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que Colombia ha suscrito. Por un lado, se le dan facultades de policía judicial a los militares y, por el otro, se da la posibilidad a órganos administrativos del Estado de llevar a cabo, sin orden previa judicial, interceptación de comunicaciones privadas, detenciones y allanamientos, para la prevención de actos de terrorismo.
Si es necesario, por qué no aumentar la capacidad de policía judicial reforzando esta facultad en la Policía Nacional, la Fiscalía, el DAS y, en algunos casos, la Procuraduría, que son los organismos entrenados para esta labor, y no a los militares que tienen otras importantes tareas. Esa mezcla no se debe dar. Si se trata de actos de terrorismo, si hay flagrancia, se puede actuar sin orden previa, de lo contrario las instituciones oficiales deben contar con una orden judicial como lo establece un Estado de Derecho. Ni por razones de principio ni por razones prácticas era aconsejable hacer este cambio en la Constitución.

UNP: En Colombia se habla de una alta impunidad. Según las observaciones de Naciones Unidas, qué factores inciden en este panorama.

MF: Hay una serie de malas prácticas y costumbres desde hace décadas en el país, de no ejercer los principios del Estado de Derecho, sino de promover y llegar a tener una cultura de la impunidad con altos grados de aceptación. Siempre las herencias tienen un peso sobre el presente. Para contrarrestar este fenómeno se necesitan medidas integrales: por parte de la Fiscalía General, del ejecutivo, del Congreso, de la rama judicial. También se requieren reformas a las leyes para que en un país tan legalista como Colombia no haya demasiadas complicaciones innecesarias -judicialmente hablando-, que favorezcan la impunidad para los malos de la película.

Las recomendaciones del informe presentado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas fueron tema de reflexión con investigadores del Instituto de Estudios Políticos (Iepri) de la Universidad Nacional. Fotografía Guillermo Flórez

UNP: ¿Qué se puede decir de la relación entre paramilitares y miembros del Estado?

MF: Siguen existiendo vínculos indebidos e inaceptables entre servidores públicos y miembros de grupos de autodefensas y paramilitares; eso es inaceptable para cualquier Estado de Derecho. Aunque el gobierno colombiano hace esfuerzos para contrarrestar esos nexos, todavía son insuficientes.

UNP: ¿Qué criterio le merece la participación de los medios de comunicación en el tema de los derechos humanos en Colombia?

MF: En la medida en que se implementen las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se va a notar una mejoría en la situación de derechos humanos en Colombia, aunque siga la guerra. En nuestra opinión, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad para contribuir a ello. Hago la reflexión muy respetuosamente, en el sentido de que no siempre los medios de comunicación logran evitar la superficialidad y el sensacionalismo, y los casos donde se da superficialidad, falta de análisis, falta de contexto no ayudan a mejorar la situación de los derechos humanos.

* Periodistas Unimedios

Infracciones de los actores armados

El informe presentado el pasado mes de marzo por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que muchas de las infracciones cometidas por los actores armados constituyen crímenes de guerra, que podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad.

Las guerrillas

Según el documento, durante 2003 las guerrillas y en particular las Farc-EP han continuado con su estrategia de aterrorizar a poblaciones civiles con frecuentes actos terroristas. Estas prácticas han victimizado a centenares de civiles, entre ellos niños, adolescentes y mujeres. Personas fueron utilizadas para transportar artefactos explosivos y perdieron la vida en la detonación, como ocurrió el 17 de abril en Fortul (Arauca), donde un niño de 8 años murió cuando la bicicleta que conducía hizo explosión cerca de un puesto de control militar.

Las Farc-EP y el Eln han recurrido a la práctica de homicidios selectivos contra funcionarios locales, líderes sociales, maestros y candidatos, así como contra personas acusadas por ellos de pertenecer a la red de informantes del Estado o de colaborar con los grupos paramilitares.
Estos grupos continuaron con el uso prohibido de minas antipersonales. Siguieron reclutando, algunas veces de manera forzada, a menores de edad. Han reiterado la toma de rehenes con fines de extorsión económica o de presión política y no han accedido a liberar sin condiciones a las personas secuestradas. En algunos casos dieron muerte a los rehenes en su poder.

Los paramilitares

El informe subraya la falta de acatamiento del compromiso de un cese de hostilidades, como presupuesto del proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el grupo más grande de paramilitares. Se registraron varias masacres en Antioquia, Santander, Sucre y Tolima. Continuaron con la práctica de homicidios selectivos, y optaron por dar muerte a sus víctimas después de detenerlas, torturarlas y desaparecerlas, en una estrategia de terror hacia la población civil, asunto que llama la atención en momentos de compromiso político de desmovilización y cese de hostilidades. Tan solo en Barrancabermeja hubo 45 notificaciones de desapariciones forzadas. La Oficina del Alto Comisionado recibió denuncias sobre descubrimientos de fosas comunes y de cadáveres con evidentes signos de torturas y mutilaciones.

Las víctimas generalmente son acusadas de tener vínculos con la insurgencia; líderes sociales y funcionarios públicos que se oponen a los procesos de expansión y consolidación social, económica y política de los grupos paramilitares; rivales en el control de negocios ilícitos (narcotráfico, robo de combustibles) y víctimas de acciones de limpieza social.
La Oficina observó un incremento en las confrontaciones entre diferentes grupos paramilitares que provocaron un gran número de víctimas fatales. En varias de las infracciones al DIH, los paramilitares recibieron el apoyo o hubo connivencia o complicidad de servidores públicos.

Fuerza pública

En las regiones donde el Ejército mostró su nueva ofensiva, se denunció que, en ocasiones, fue responsable de infracciones al DIH por irrespeto al principio de distinción. El Alto Comisionado continuó recibiendo, en forma creciente, denuncias de violaciones de derechos humanos con responsabilidad directa de los servidores públicos, en particular de la fuerza pública, en ocasiones conjuntamente con la Fiscalía. De la información provista por la Procuraduría General de la Nación puede inferirse un aumento de investigaciones disciplinarias por hechos ocurridos durante 2003, particularmente relacionados con actos de tortura, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y allanamiento irregular. Muchas de las violaciones, por su carácter grave, masivo o sistemático, constituyen crímenes de lesa humanidad, y son susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional.