Derechos indígenas, una realidad de papel

En su visita a Colombia, el Relator de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, hizo una declaración preliminar sobre la situación. El informe, presentado en rueda de prensa, surgió luego de reuniones con cabildos y autoridades públicas.*

La situación de los pueblos indígenas en Colombia es dramática y crítica, y requiere de toda la atención de las autoridades del país y de la comunidad internacional. Un punto de partida para interpretar la situación es la Constitución Política adoptada en 1991: representa un hito en la protección de los derechos humanos por las garantías y los derechos que les reconoció por primera vez en la historia constitucional del país. En comparación con otras constituciones de la región, esta puede ser considerada como un ejemplo de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica.

Me he informado sobre el avance en la titulación de los territorios indígenas como resguardos, y que existen en una amplia extensión del territorio nacional, producto de una larga lucha de tantas generaciones cuya meta fue la recuperación de sus tierras. También escuché sobre la brecha entre este derecho constitucional y los numerosos problemas que se derivan del marco legislativo sobre la titulación, y especialmente la ampliación y el saneamiento de los resguardos, así como la no existencia de avances en la creación de las entidades territoriales indígenas. A pesar de esto, encontré que hay comprensión de estos aspectos por parte de algunas autoridades gubernamentales y judiciales, particularmente por la Corte
Constitucional y, desde luego, por las propias organizaciones indígenas.

Respecto al funcionamiento de la jurisdicción especial indígena y su articulación con la jurisdicción ordinaria, aunque está lleno de tensiones, algunas de tipo legislativo o judicial que no se han esclarecido plenamente, así como tensiones por otros aspectos, necesariamente este derecho tiene que derivar en una legislación reglamentaria de esta jurisdicción. Sabemos que un país no cambia simplemente porque adopte un nuevo orden constitucional, pero si este se constituye en el marco donde estos cambios se llevan a cabo, el país escoge un camino efectivo. Una de las situaciones que más me ha preocupado es conocer que se ciernen amenazas sobre la Corte Constitucional o posibilidades de que algunos sectores del país, que cuentan con una representación en el Congreso, quieran conducir a un recorte de sus competencias y de la acción de tutela, que es uno de los elementos fundamentales de protección en los derechos humanos no solo de los indígenas, sino de todos los colombianos. En caso de que estos recortes se hicieran realidad, creo que correrían peligro los derechos humanos de los indígenas en el país.

Mi conclusión es que cuentan con un marco constitucional que es un logro para la sociedad colombiana y particularmente para los propios indígenas. También veo que coexisten grandes retos para el conjunto de la nación en el terreno del respeto y el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales. Observo que estos retos tienen que ver con la brecha entre la constitucionalidad que se ha consagrado y la efectiva aplicación de las normas, así como con la funcionalidad institucional para su aplicación. Sigo viendo en Colombia, como dijo un analista colombiano hace años, un país formal y un país real.

El conflicto armado

Infelizmente, estos avances se dan en un contexto no favorable a la protección de los derechos humanos: el conflicto armado. La presencia en territorios indígenas de sectores armados ilegales, de estrategias y acciones militares contra sectores -también armados- vinculados a los cultivos ilícitos, aunado a que las estrategias nacional e internacional de combate al narcotráfico han empujado a algunos de estos a replegarse en estos mismos territorios, condujo a que las actividades y enfrentamientos militares se hayan incrementado en estas zonas.

Esto ha causado muchas y serias violaciones de los derechos humanos de los indígenas, manifiestas -de acuerdo con numerosos testimonios y documentos recogidos- de varias maneras: matanzas de comunidades, asesinatos y homicidios selectivos por parte de uno u otro de los grupos armados o bien asesinatos no tan selectivos, secuestros, detenciones arbitrarias, amenazas a las comunidades y miembros individuales. En algunas partes se han dado descabezamientos de las comunidades indígenas por matanzas en serie de sus líderes, quienes se ocupaban de la protección de sus comunidades y de sus territorios, que se ven en constante amenaza. También lo prueban fenómenos tan preocupantes como el desplazamiento interno forzado, sobre el que no hay datos desagregados y fidedignos, aunque el porcentaje de indígenas desplazados es relativamente alto. Incluso en Bogotá hay mujeres indígenas desplazadas que plantean la desatención humanitaria gubernamental. El desplazamiento interno forzoso es un problema serio en todo el país, que continúa aumentando, y que afecta en gran medida a los indígenas. Se requiere de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales para atender las necesidades de los desplazados y programas para el retorno a sus comunidades cuando las condiciones de seguridad se presten a ello.

Veo que no se ha resuelto este problema tan serio ni se han abarcado las necesidades de los afectados. También he escuchado sobre el reclutamiento forzoso de jóvenes de las comunidades por alguno de los sectores armados, sea el Eln, las Farc o los grupos de autodefensas, lo cual crea problemas muy serios, porque si algunos jóvenes son identificados con alguno de los grupos, entonces el otro grupo puede acusar a la comunidad entera de estar vinculada con el primero, por lo que las comunidades y sus líderes son castigados.

No hay cifras que yo pudiera verificar en forma independiente, sobre quiénes son en cada caso los autores de las atrocidades. Son imputables a los grupos armados ilegales, en menor porcentaje a excesos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, pero esto requiere de investigaciones serias e independientes que como relator no puedo hacer.

Preocupa la existencia de bloqueos alimentarios que causan muchísima penuria en algunas comunidades indígenas. Por estar en medio de una zona de conflicto, uno u otro grupo les bloquea la realización de sus actividades tradicionales de subsistencia o el abastecimiento alimentario, incluso de alimentos donados por el sistema de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentación.

Alguno de los grupos se apropia o secuestra esos alimentos, por lo que el indígena es castigado por haber supuestamente trasladado alimento a uno de los grupos armados. Son situaciones locales complejas, pero las víctimas invariablemente son las propias comunidades indígenas, particularmente las mujeres y los niños.

¿Qué hacen y qué pueden hacer las comunidades para protegerse y defenderse ante esta situación? Hacen mucho, y quiero expresar mi homenaje a las organizaciones indígenas por la lucha que llevan a cabo contra las violaciones de los derechos humanos y para construir modelos alternativos de sociedad. Lo que más he escuchado es: "no queremos actores armados en nuestras comunidades, no queremos cultivos ilícitos en nuestras tierras, queremos que nos respeten nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros territorios, que nos dejen vivir según nuestra manera". Diferentes pueblos están trabajando en formas alternativas de vida, en planes propios, que en el lenguaje internacional pudiéramos llamar desarrollo sustentable. Los indicadores sociales de los que dispongo muestran que hay una desigualdad considerable en la satisfacción de necesidades fundamentales y que sistemáticamente los pueblos indígenas acusan los índices más bajos de bienestar y desarrollo social y humano. El derecho al alimento está ligado al derecho a la supervivencia, y he recibido informes sistemáticos de situación de hambruna entre algunos pueblos indígenas y peligro de extinción de pueblos pequeños emplazados.

En cuanto a la educación y la salud, hay avances constitucionales como la educación bilingüe, la etnoeducación, pero se me ha dicho que todavía falta mucho para que estos proyectos sean realidad. El presidente de la República me informó de un programa de salud para los indígenas del país, estos nos informan que aún no disfrutan de la adecuada atención en salud.

Proyectos de desarrollo

Los proyectos de desarrollo o megaproyectos que se realizan en territorios indígenas -hidroeléctricas, operaciones de minas, recursos naturales, explotación petrolera, etc.- suelen tener efectos negativos respecto al medio ambiente, y desintegradores de su vida cultural y comunal. La Constitución establece el derecho de los pueblos a ser consultados previa y libremente, tanto como la ratificación por parte del gobierno colombiano del convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los indígenas a la consulta previa libre e informada sobre cualquier proyecto que afecte sus vidas. Se me dice que no está funcionado el proceso de consulta, y que se toman decisiones de alto nivel sobre grandes inversiones y los pueblos no participan en las decisiones sobre esos proyectos de desarrollo, ni en los suyos propios. Esto plantea nuevamente la necesidad de que los pueblos indígenas tengan espacios de consulta para desarrollar sus planes de vida y que estos sean respetados por el Estado, por los diferentes sectores armados y por el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho a la sociedad.

Mi función como relator es modesta: informar lo que me dicen y veo, y es lo que hago en este momento de una manera preliminar. Esto también lo he informado a las autoridades colombianas y redactaré un informe con recomendaciones. Pero la Constitución corresponde a los propios colombianos, y tengo confianza en que los pueblos indígenas que han emergido en este país como nuevos sujetos sociales, muy articulados y concientes de su situación, logren establecer planes alternativos, y que la sociedad colombiana en su conjunto entienda la problemática.

Para ello, en primer lugar hay que construir un edificio sólido de protección a los derechos humanos y parar sus violaciones constantes y persistentes. Los pueblos indígenas reclaman que sus territorios sean declarados zonas de paz y no de guerra. Quisiera ver zonas de paz respetadas tanto por el Estado como por todos los sectores armados ilegales y por la sociedad colombiana en su conjunto. A lo mejor en este momento es esperar demasiado, pero si no se tiene una visión de futuro, como sí la tienen los pueblos indígenas, no se va a llegar a ella.

* Gladys Jimeno Santoyo, compiladora.