Las dudas de la Unión Europea

Por Marco Romero
Profesor Facultad de Derecho

La visita del Presidente Aznar y el episodio de los tanques, evoca una imagen de España, que los colombianos no vivíamos desde la época del pacificador Pablo Morillo. De nuevo, el país se ve enfrascado en un paquete de asistencia militar con equipos vistosos pero viejos, costosos e inútiles según lo han denunciado varios expertos en el tema. Pero también Inglaterra se ha sumado recientemente con asistencia en materia de inteligencia y seguridad.

Al parecer, este grupo de gobiernos que junto a EE.UU son la base de la coalición que aun no puede explicar las razones de la invasión a Irak, cada vez se identifican más con la idea de adelantar formas de asistencia militar para Colombia. ¿Significa esto que la Unión Europea avanza progresivamente hacia el modelo americano frente al conflicto armado colombiano, modelo del cual, el presidente Uribe es el más emblemático representante?

En principio la respuesta es no. Ese es precisamente el problema que se interpone entre Uribe y el Viejo Continente. Aunque las posturas de los países europeos sobre Colombia son diversas, la Unión Europea en su conjunto mantiene temas importantes de discrepancia que afectan la llamada Mesa de Donantes.

Es importante retrotraer este problema al menos hasta el año 2000, por la importancia que tiene el Plan Colombia. Este Plan contribuyó a profundizar la crisis de los procesos de dialogo entre el gobierno de Pastrana y los movimientos insurgentes FARC y ELN, específicamente porque cambió las condiciones militares de la guerra y con ello fortaleció en el establecimiento la idea de una victoria militar y aumentó la desconfianza de la insurgencia frente a lo que en su momento se denomino una "paz barata". En esa coyuntura, los europeos hicieron un valioso esfuerzo por mantener el oxígeno de los procesos de paz: el papel activo en el Grupo de Países Amigos del proceso con el ELN; la creación del grupo facilitador del proceso con las FARC; el respaldo a la gestión del Delegado del Secretario de la ONU Sr. James Lemoyne, el apoyo a los movimientos sociales por la paz, en especial la Conferencia Internacional de Costa Rica. Todo sobre la base de la diferenciación con el Plan Colombia y la adopción de un “Programa Europeo” que privilegiaba la solución negociada del conflicto, la cooperación para la vigencia de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, soluciones alternativas a la problemática de los cultivos ilícitos y un respaldo manifiesto a procesos de participación social como los laboratorios de paz.

Los atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 y la ruptura del proceso de paz con las FARC en 2002 crearon nuevas condiciones internas e internacionales cuyo efecto inmediato fue la reducción del espacio político para el diálogo y para la defensa de los derechos humanos. Sin duda el aspecto común de la Ley patriota de Bush y el programa del Presidente Uribe votado por 6 millones de colombianos es la perspectiva de subordinar los derechos humanos a las necesidades de la seguridad y restringir el sentido de la seguridad a la dimensión militar.

Tras estos episodios, los europeos entraron en una actitud más discreta sobre Colombia y más adelante los hechos de Irak dividieron a la Unión Europea, en particular frente al debilitamiento del papel de la ONU. Pero el rotundo fracaso de esta invasión, abre lentamente las puertas al multilateralismo, al restablecimiento progresivo de la autonomía de la ONU y produce un cambio en la conciencia de los ciudadanos del mundo, cada vez más sensibles a los peligros de las guerras unilaterales y de la arbitrariedad como arma hobbesiana para enfrentar los conflictos.

En este contexto se produce la Reunión de Londres en Junio de 2003, en la que 24 países respaldan en términos generales la política del Presidente Uribe pero a la vez manifiestan sus preocupaciones sobre problemas cruciales en materia de derechos humanos. En particular por el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU, los riesgos de impunidad en los procesos de diálogo con los grupos paramilitares, las garantías para las organizaciones de la sociedad civil, la continuidad de la crisis humanitaria y la vigencia efectiva del Estado democrático.

Pero en el periodo post Londres, a pesar de la derrota del referendo, el gobierno mantiene sus principales iniciativas de reforma constitucional que limitan garantías y pretenden echar atrás la Carta Política de 1991. La aprobación del estatuto antiterrorista que establece funciones de policía judicial para la fuerza pública, los allanamientos, la intercepción de comunicaciones y la detención de personas sin orden judicial, constituye la más flagrante manifestación de incumplimiento de las recomendaciones de la ONU para 2003 y de los compromisos de la declaración de Londres. Todo esto ambientado por el espectáculo de loa allanamientos ilegales y las detenciones masivas de personas que son estigmatizadas públicamente sin otro fundamento que el de acusaciones carentes de rigor en la mayoría de los casos procedentes de los programas bandera del presidente: las redes de informantes y la desmovilización con fines de delación.

Es por estas dudas, ratificadas por el Señor Patten en Colombia y por la declaración del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Internacionales de la Unión Europea de Enero 26, que la Mesa de Donantes y la visita del presidente Uribe a Europa enfrentan múltiples dificultades y no por el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos que básicamente han pedido que el gobierno cumpla sus compromisos internacionales y que la cooperación no se deslinde de la problemática de derechos humanos. Entre otras cosas para evitar la eventual paradoja de situaciones de violación de derechos humanos por causa de la cooperación internacion.