Desplazados con tierras propias

Dos poblaciones antioqueñas serán las primeras beneficiadas de un proyecto interinstitucional en el cual participa la Universidad Nacional de Colombia, que busca la titulación formal de terrenos que fueron abandonados por campesinos víctimas del desplazamiento forzado. Se trata de un programa piloto que pretende que los desarraigados retornen a sus territorios.

David Calle,
Unimedios

Con sus pocas pertenencias a cuestas, José Albeiro López, su esposa y sus dos hijos abandonaron en abril de 2000 la casa en la que vivían en la vereda El Edén, por las amenazas de la guerrilla. El rumbo era incierto, pero finalmente buscaron el lugar que les era más familiar y llegaron al casco urbano del municipio de Granada, en el oriente antioqueño.

Durante 13 días sobrevivieron gracias a los ahorros que tenían guardados. “Nos aburrimos y ya se había acabado la plata. Decidimos retornar a la finca porque, además, la cosecha se estaba perdiendo”, recuerda López.

Todavía con la presencia del grupo armado y el miedo latente, por lo menos unas tres familias regresaron a El Edén y, según José Albeiro, “por tres meses en la vereda sólo vivimos unas 7 familias”.

José recuerda con tristeza la que una vez fue una región de labriegos amantes de la tierra, de niños y jóvenes aprendices en la escuela, cuyo panorama se transformó en casas abandonadas, saqueadas, espectros y pálidos reflejos de lo que alguien nombró Vergel o El Edén.

Hoy esa vereda se sacude de la ruina ocasionada por el miedo, para mostrar su mejor cara y hacer honor al significado de su nombre: un paraíso. Aunque todavía es posible observar los vestigios de la guerra.

Desde la entrada a la vereda hasta el Centro Educativo Rural El Edén, sus calles destapadas pintan un poco la historia de gloria y violencia: algunas casas desmanteladas, corroídas por el moho y la mugre, con paredes convertidas en tableros donde grupos armados colocaron su impronta. En el mismo cuadro se aprecian también pequeños negocios familiares, huertas, cultivos de café y hasta algunos trapiches de panela.

Freddy Castaño, personero municipal de Granada, cuenta que el desplazamiento masivo ocurrió a partir del año 2000. “Fueron entre 13.500 y 14.000 habitantes los que se desplazaron de nuestro municipio por la incursión de grupos paramilitares y guerrilleros de las FARC. De la vereda El Edén, entre 70 y 75 familias, aproximadamente, tuvieron que dejar sus viviendas”.

Ahora, José Albeiro cree en un futuro mejor para él y otros 282 habitantes más de El Edén, que son parte de un proceso formal de titulación de los baldíos que tradicionalmente los campesinos poseían con el único soporte documental de la palabra empeñada o una promesa de compraventa.

Escritura para ganar confianza

En términos técnicos, los sociólogos hablan de tejer confianza, y en este caso esa seguridad la ofrece el proyecto “Protección patrimonial a la población desplazada en los municipios de Granada y Angelópolis”, coordinado por Acción Social, cuyo operador ha sido la Universidad Nacional de Colombia, con la participación del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), la Secretaría Técnica del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada y el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Dapard, de la Gobernación de Antioquia.

Este proyecto publicará un documento que proyecta ser un modelo metodológico que explique cómo titular baldíos a la población desplazada en condiciones similares.

“El proceso de titulación de baldíos no es muy complejo pero tiene muchos a los que hay que ponerles mucha atención”, asegura Isabel Cristina Correa, abogada del proyecto de titulación.

El programa que adelantaron dichas entidades le da cumplimiento a uno de los componentes de la Ley 387 de 1997, el cual tiene como propósito principal proteger a los campesinos y sus bienes al momento del desplazamiento. Esta reglamentación, incluso, es aplicable si las familias han permanecido por fuera de sus hogares por cinco años.

Con un equipo interdisciplinario, la Universidad Nacional de Colombia recolectó durante 10 meses las solicitudes de las familias que reclamaron derechos sobre uno o varios lotes baldíos y buscó a desarraigados en ciudades como Medellín y Cali. El trabajo estuvo acompañado de un programa pedagógico de sensibilización para construir tejido social y crear confianza de los campesinos hacia las instituciones.

Según explicó Luis Carlos Agudelo, docente adscrito a la Escuela de Planeación Urbana de la Facultad de Arquitectura y coordinador del equipo de la UN, en el proceso de recolección de datos, la Universidad encontró una condición generalizada de inobservancia de la norma. De cada 100 predios 95 tenían algún síntoma de informalidad, es decir, carecían de escrituras o poseían hasta dos dueños.

“En el perfil socio económico se encontró desestructuración de las familias. Cuando se trata de campesinos esto tiene efectos en la unidad de producción, porque si una parte de la familia no está, significa perder una parte de la mano de obra. Así mismo, corroboramos el tamaño de los predios que eran de menos de una hectárea, cuando la propia ley establece para esa zona el tamaño mínimo de una unidad agrícola familiar entre 5 y 6 hectáreas”, dijo el profesor Agudelo.

Un proyecto de titulación similar ocurrió en el sector La Mica, de la vereda Promisión, en el municipio de Angelópolis, ubicado a 47 kilómetros al suroeste de Medellín, una zona igualmente golpeada por la violencia y los desplazamientos forzados.

El resultado del programa fue 141 predios o solicitudes tramitados por la UN: 122 en El Edén y 19 en La Promisión. El procedimiento se encuentra en el Incoder, entidad con la competencia para la adjudicación de los baldíos.

“Lo que sigue está en manos de esa institución que avalúa y muy probablemente identificará quién tiene derecho a solicitar baldíos”, explicó Luis Carlos Agudelo.

Leonor Marina Restrepo, funcionaria de Acción Social, resaltó que se trata de una experiencia piloto cuya idea es construir una ruta modelo a partir de la cual en todo el país se pueda definir cómo será la titulación.

“Para que este proyecto sea exitoso en otras zonas, el país tiene que cumplir con una serie de condiciones. Una de ellas es el retorno de la población, porque la titulación exige toma de datos y procesos técnicos que incluyen a la comunidad”, indicó Restrepo.

Los funcionarios y académicos hicieron énfasis en que el trámite de las solicitudes se encuentra en el Incoder y se espera que en las próximas semanas, con la titulación de sus casas, los campesinos encuentren su edén con el establecimiento de proyectos productivos y la recuperación de su tranquilidad.