Hacia una Política Integral de Migraciones

Los migrantes son sujetos especialmente vulnerables que requieren la protección del Estado. Por eso, el Instituto Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajan en la construcción de los lineamientos de una Política Nacional Integral de Migraciones.

Gerardo Ardila,
Profesor Departamento de Antropología Centro de Estudios Sociales Universidad Nacional de Colombia

Cerca de 4 millones de colombianos se encuentran en el exterior desde donde envían a Colombia más de 4 mil millones de dólares anuales en remesas e inversiones. Aunque hay estudiantes, empresarios, científicos y funcionarios internacionales, la mayoría son mujeres y hombres inmigrantes empobrecidos, muchos regulares, muchísimos irregulares, quienes deben enfrentar una difícil situación en su vida cotidiana, sometidos a tratos discriminatorios, a largas jornadas de trabajo, a la soledad y al distanciamiento de los suyos e, incluso, a la persecución como presuntos delincuentes. Cabría preguntarse entonces ¿porqué persisten en continuar como inmigrantes? El debate sobre la magnitud de los problemas y sobre las posibilidades que ofrece la emigración y la inmigración de extranjeros para Colombia, debe extenderse a toda la sociedad.

La aplicación del “derecho de libre circulación” más allá de las fronteras nacionales, se enfrenta con la noción de soberanía, lo cual crea más de una paradoja, pues se supone su existencia para la puesta en acción de otros dos derechos anexos: el derecho a inmigrar (a establecerse en otro territorio) y el derecho a no emigrar (a permanecer en mi lugar de residencia si así lo deseo).

Los migrantes se dividen en dos categorías: los trabajadores necesarios y los inmigrantes no deseados. En esta última se encuentra la gran mayoría de inmigrantes, con o sin documentos regulares; allí se clasifican los miembros de la familia del inmigrante trabajador formal y todos los inmigrantes trabajadores informales. Ellos requieren que el Estado defienda y proteja sus derechos en donde se encuentren.

Política pública

Desde mediados del Siglo XX el Estado colombiano ha adoptado medidas para atender a los connacionales en el exterior. Estas políticas se manifiestan como acciones aisladas e inconexas, basadas en el supuesto no explícito de que la emigración, en general, es saludable para la economía nacional y en el tratamiento de la inmigración de extranjeros al país desde la perspectiva de la seguridad. Las políticas han privilegiado las acciones que facilitan el ingreso de los empresarios al mercado de bienes de nostalgia y de servicios sociales reclamados por los migrantes en el exterior.

Muchas agencias estatales se encargan de temas que tienen que ver de manera directa o indirecta con las migraciones y entre ellas, a pesar de la existencia de una Comisión Intersectorial de Migraciones, hay poca coordinación, diferencias de criterios, y diversidad de ritmos y de capacidad institucional para atender a la complejidad de los temas que les corresponden.

Se requiere una política integral concertada con la participación de todos los ciudadanos (en especial de los migrantes), que atienda las necesidades de los colombianos en el exterior, que facilite la vida de los inmigrantes extranjeros en Colombia otorgándoles los mismos derechos que reclamamos para los nuestros en el exterior, y que incluya los temas migratorios dentro de las políticas sociales y económicas del país para controlar las causas de las migraciones, ampliando los márgenes de libertad en las decisiones de movilidad.

Los picos de migración y su crecimiento constante implican el fracaso de las políticas sociales y económicas del Estado, a la vez que las migraciones juegan un doble papel al aliviar cargas al Estado y contribuir con el mayor rubro de inversión extranjera directa en el país. Por eso, la migración debe ser parte integral de las políticas sociales y económicas del Estado.

De otra parte, los destinos de las migraciones de colombianos no se concentran en Europa y el norte de América, sino que hay un aumento de interacciones con los países fronterizos y con Centro y Sur América, lo cual hace aún más apremiante la consideración de las migraciones como parte integral de la política exterior.

Los fenómenos migratorios se caracterizan por la complejidad (hay infinidad de factores que operan a escalas que van desde las decisiones individuales hasta los determinantes globales) y por la inestabilidad (cuando tratamos de entender un fenómeno asociado este cambia), de suerte que una política integral debe ser un marco general de análisis para la toma de decisiones puntuales.

Para coordinar los procesos internos relacionados con los temas migratorios y buscar su armonización y negociación con los determinantes internacionales, hay que crear nuevas condiciones institucionales con la jerarquía y la capacidad política, técnica y financiera necesarias.

Información, participación y coordinación

La complejidad de los fenómenos migratorios, la inestabilidad de los procesos asociados y la urgencia de atención por parte del Estado y de la sociedad, nos han llevado a proponer que el objetivo de esta política es el tratamiento integral de los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, jurídicos e institucionales asociados a las migraciones internacionales.

Por tanto, se dirige a la ampliación y defensa de los márgenes de libertades individuales y de las capacidades, contribuyendo a la gobernabilidad mediante: (1) la consideración de los procesos migratorios como parte fundamental de las políticas sociales y económicas y de la estrategia de lucha contra la pobreza; (2) la consideración de los procesos asociados a las migraciones como parte esencial de la política exterior, desde los parámetros establecidos por el bloque de constitucionalidad y por la defensa de los DDHH; y (3) la consideración de los procesos migratorios como un escenario para el reforzamiento de la cohesión social, con base en la construcción de confianza entre los ciudadanos y, de estos, en el Estado.

Una visión política basada en la protección de los derechos humanos y un tratamiento explícito de las migraciones dentro de las políticas estructurales del Estado y la política exterior, implican la necesidad de información confiable y permanente sobre las tendencias y cambios de los procesos migratorios que nos afectan.

En Colombia no existen mecanismos que permitan un seguimiento en tiempo real y con datos confiables de las variaciones en tamaños, tiempos y distribuciones espaciales de los flujos de migración desde y hacia el país, ni cuantificaciones basadas en métodos descritos y probados con claridad sobre el carácter y mutabilidad de los grupos de migrantes colombianos a través del tiempo.

Los datos aportados por el Censo de 2005 o construidos a partir de fuentes paralelas de información son insuficientes y se hacen anacrónicos con rapidez, debido a los ritmos de cambio generados por las variables de muy diferente escala que intervienen en las decisiones individuales y colectivas de inserción en el mercado global del trabajo.

Es posible que el crecimiento de la emigración de colombianos esté alcanzando sus niveles de saturación y que responda tan solo a procesos inerciales, lo que sumado a las nuevas actitudes anti inmigracionistas en los Estados Unidos y Europa permite predecir un aumento del retorno y de la inmigración hacia Colombia y los países vecinos. Pero no tenemos datos para saber y entender lo que ocurre y para prepararnos para esta nueva fase de los ciclos migratorios.

Hoy, en Colombia, tomamos decisiones sin información, con base en “opiniones” cuya autoridad deriva de la utilización de mecanismos de poder y del papel legitimador de los medios de comunicación. Creemos conocer lo que ocurre porque lo sabemos después de que ocurre, de manera que solo podemos actuar por reacción, pero no tenemos capacidad para ser proactivos en un terreno que no anuncia sus cambios con mucha anticipación. La generación de información es, entonces, uno de los requerimientos fundamentales de una política coherente, consistente y eficiente.

No hay posibilidades de que una política sea exitosa sin la participación en su diseño, ejecución y evaluación de quienes son sus destinatarios inmediatos, quienes deben tener acceso oportuno y confiable a la información. La participación de los ciudadanos, es decir de los funcionarios de las diferentes agencias estatales e internacionales, de los empresarios, los gremios, los académicos, los partidos políticos, los gobernantes locales y regionales, y, desde luego, de los migrantes, en los procesos de toma de decisiones en cada uno de los campos que les competen, es la base para que la política pueda alcanzar sus objetivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene por función básica la de jugar el papel de vínculo entre la política exterior y la política interior de Estado, así como es el encargado de la atención y protección de los ciudadanos colombianos en el exterior. Esto implica que sea el ente llamado a coordinar la política migratoria. En primer lugar, es necesario transformar y reforzar los sistemas consular y diplomático y sus interrelaciones. Después de un análisis cuidadoso de las funciones que le corresponde asumir, de las necesidades de coordinación interna y negociación internacional, y a la complejidad de los temas de su competencia, hemos propuesto la creación de un Viceministerio de Migraciones que tenga la jerarquía y capacidad para llevar adelante el reto inmenso de convertir la migración en una oportunidad para Colombia, en donde sea posible encontrar caminos en los que todos ganemos y que los migrantes no sean los encargados de producir riqueza mientras se empobrecen y enfrentan todos los costos de la migración.