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Una segunda oportunidad para la paz

En medio de la polarización política, la culminación exitosa del proceso de paz demanda un nuevo enfoque basado en la ampliación del respaldo social y político, la apertura de diálogos con otros grupos alzados en armas, la producción de resultados progresivos en la mesa de negociación, la revisión del principio de diálogo en medio del conflicto y la garantía de los derechos de las víctimas.

, 09.08.2014 integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz - Universidad Nacional de Colombia

Los pobladores de las regiones más afectadas por el conflicto denuncian crímenes y desapariciones forzosas. - FOTO: Andrés Felipe Castaño/Unimedios

La pasada contienda electoral se produjo en el contexto de un proceso de paz a mitad de camino y por eso adquirió un carácter plebiscitario. El triunfo de los uribistas en primera vuelta sorprendió a los expertos, porque en términos generales muchos consideran que las negociaciones han sido llevadas con éxito, en la medida en que se ha acordado una agenda precisa y se han suscrito importantes acuerdos sobre temas tan espinosos como el desarrollo agrario, la reforma política, el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Más aún, en ese momento, la mesa de diálogo alcanzó un trascendental acuerdo de 10 principios que establece la base para el reconocimiento de todas las víctimas, las responsabilidades de Estado, guerrillas y paramilitares, la justicia transicional y los derechos humanos.

Sin embargo, para la gran mayoría de los ciudadanos, el proceso aparece distante, ya sea porque las negociaciones se dan en el exterior, sin mayor divulgación interna; o porque el modelo de diálogo en medio del conflicto reproduce la crisis humanitaria, como ocurre en el corredor pacífico, donde se han presentado más de 200 desplazamientos masivos en los últimos tres años; o porque el país rural percibe la contradicción profunda entre la paz territorial que se desprende de los acuerdos y la persistencia de políticas que asfixian a los pobladores rurales.

La extrema derecha encontró en estas contradicciones un terreno fértil para atacar al proceso de paz y logró un triunfo sorpresivo en primera vuelta. La votacion por Zuluaga representa el 11 % del censo electoral, lo cual es un resultado precario para una fuerza política que viene de gobernar el país por 8 años, pero que adquiere una especial significación por el hecho de que el Presidente Santos solo obtiene el 10 % de los votos posibles. Por eso, la segunda vuelta se convirtió en un auténtico plebiscito sobre la continuidad del proceso de paz. 

Las razones del uribismo 

Sorprendentemente, las campañas uribistas centraron su atención en consignas contra la corrupción y la impunidad, es decir, en materias en las cuales no tienen mayor autoridad moral.

El país conoce bien sus políticas: Uribe ofreció cero cárcel, ninguna obligación de reparar a las víctimas y reconocimiento de delito político a los paramilitares en Santafé de Ralito. Y, como se sabe, fue la oposición política y el control constitucional los factores que llevaron a reconocer parcialmente los derechos de las víctimas, en la versión final de la Ley 975 de 2005. El uribismo atacó y espió a la Corte Suprema de Justicia para frenar las investigaciones de la parapolítica. Su consigna ha sido “blindar” a los miembros de la fuerza pública involucrados en graves crímenes. Y el país recuerda el olímpico desconocimiento de las víctimas del Estado, por la vía de la negación de la existencia de un conflicto armado. Por demás, al cierre de los gobiernos de la “seguridad democrática”, el índice de impunidad por el delito de desplazamiento forzado se mantuvo en el 95 % y el asesinato a sindicalistas en 98 %, por citar solo algunos ejemplos.

Lo propio ocurre con la cruzada conservadora en contra de la “mermelada”, en un partido que ha participado en casi todos los gobiernos desde el Frente Nacional y que está acostumbrado a fórmulas de “oposición reflexiva” y “colaboración crítica”.

En el fondo, la utopía que ofrece el Centro Democrático es la promesa de terminar el conflicto mediante la derrota militar de las guerrillas y la paz impuesta a cualquier precio. Una nueva “regeneración” que seduce al sector más conservador de la sociedad y a la población ansiosa de una solución rápida a una guerra prolongada y degradada. Pero esa vía, no solo la ha perpetuado, sino que ha sido de gran utilidad para que la derecha se tome el poder, a nombre de esta cruzada, frenando cualquier impulso de modernización y de solución a los graves problemas sociales del país.

Afortunadamente, el proceso de paz salió bien librado en la coyuntura electoral, en el sentido de que el Presidente fue reelegido, esta vez con un mandato incuestionable de paz, luego de tres elecciones presidenciales en las que primó el mensaje de “mano dura” y sus antiguos electores se convirtieron en sus más férreos opositores.

Cabe anotar que la pretensión inicial de Santos fue buscar su reelección con el voto mayoritario de la política tradicional, pero ese camino lo llevó al fracaso en la primera vuelta. En cambio, el entusiasmo por la paz le permitió articular una coalición mucho más compleja que la “Unidad Nacional” y que incluye desde el empresario Luis Carlos Sarmiento, hasta buena parte de las expresiones de la izquierda política, intelectuales, movimientos sociales y pobladores de las regiones más afectadas por la inequidad y el conflicto. Este hecho abre el camino a la constitución de un nuevo sujeto político plural, integrado por habituales competidores partidistas y adversarios sociales, unificados en torno al propósito nacional de apoyar la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible. 

Retos del proceso 

La polarización y los elevados niveles de abstención indican que la paz tiene mayoría política, pero carece de un consenso social. Por eso, el Presidente tiene el reto de mostrar que puede liderar una coalición más allá de su Gobierno y convocar a los colombianos en torno a una utopía diferente y posible de paz, entendida como el camino a una sociedad más justa y más democrática. Solo la vía del diálogo abre una posibilidad auténtica de reconciliación, basada en la profundización de la democracia, la transformación de los intensos anacronismos de la sociedad rural, la búsqueda de una experiencia histórica de convivencia a partir del reconocimiento de los derechos de las víctimas y la renuncia al uso de las armas como instrumento político.

No obstante, la ampliación del respaldo social al proceso difícilmente se logra sin resultados tangibles en la mesa de negociación, sin la socialización masiva de los acuerdos logrados, sin abrir nuevos procesos de diálogo con otros grupos armados que hagan viable el cierre definitivo del conflicto y sin acuerdos humanitarios o de cese al fuego, que impidan la producción de nuevas víctimas mientras en la mesa se habla de sus derechos.

También es preciso responder por los derechos de todas las víctimas, mediante fórmulas de justicia transicional que ofrezcan diferentes beneficios penales a los responsables de los daños causados por la guerra, siempre y cuando demuestren un compromiso verificable de reconocimiento de sus crímenes, de aportes sustantivos al esclarecimiento de la verdad, de reparación integral y de garantías de no retorno a la violencia.

Por su parte, el Gobierno debe perder el miedo a iniciar un período de reformas políticas y sociales dirigidas al logro de la paz territorial y la inclusion democrática. El plan de desarrollo debe atender los propósitos de la paz y el enfoque de territorio debe tener como premisa el reconocimiento de los pobladores.

Sin avances en estas materias, se corre el riesgo de seguir el camino de Guatemala, donde el activismo de la derecha y la debilidad de la participacion de la sociedad llevaron a la negación ciudadana de los acuerdos, en un proceso de refrendación que dejó sin sustento importantes reformas pactadas en la mesa de negociación, que aún hoy están pendientes. Por el contrario, un acuerdo general de terminación del conflicto y una movilización sostenida y plural por la paz abren la puerta para convocar a los escépticos a construir una nueva sociedad basada en la dignidad humana, en la que los adversarios definan sus controversias en democracia y los guerreristas sean parte del pasado.

(Por: Marco Romero,
)
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