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Política & Sociedad

Reparación integral para esclarecer la verdad

El éxito de la nueva comisión para el esclarecimiento de la verdad y la garantía de la no repetición, convocada conjuntamente por el Gobierno y las FARC, radica en la manera como se asuman las nuevas circunstancias, tanto internacionales como internas, en torno a la violencia que ha vivido el país y a las soluciones políticas negociadas.

, 11.07.2015 Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - Universidad Nacional de Colombia

Diversos foros se han adelantado en el desarrollo del proceso de negociación de paz. foto: archivo Unimedios

En el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, el país conoció hace varias semanas, a través de un comunicado conjunto, la decisión de convocar a una “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”. Esta no tendrá un carácter judicial, será autónoma en la elaboración de sus informes y conclusiones y sesionará durante tres años, una vez se consiga el acuerdo final entre las partes.

Adicionalmente, estará conformada por 11 miembros que serán elegidos mediante convocatoria pública, por un comité de escogencia integrado por nueve personas, seis de las cuales se elegirán por acuerdo entre el Gobierno y las FARC, y las tres restantes serán  delegados de tres personas u organizaciones avaladas por la mesa de negociación.

La posibilidad de que esta comisión obtenga resultados que permitan develar a los responsables de la violencia que por décadas ha azotado al país —lo que la haría sustancialmente diferente a las 12 que desde el inicio del Frente Nacional se han convocado con propósitos similares— debe buscarse en las nuevas condiciones que se le plantean a las soluciones políticas negociadas que cierran guerras civiles internas. Estas nuevas circunstancias son de carácter internacional, codificadas en el derecho internacional humanitario; y de carácter interno, pues obedecen al rechazo de franjas importantes de la población a los actos de barbarie de los últimos años. 

Verdad histórica 

En uno de los apartes del Comunicado Oficial Conjunto Número 53, del 4 de junio de 2015, que convoca a la citada comisión, se dice que “en este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no solo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición…”.

Este reconocimiento a la necesidad de preservar la memoria histórica obliga a recuperar las interpretaciones sobre las “causas estructurales” del conflicto y las responsabilidades plurales en la explicación del mismo, que desde los inicios del primer Gobierno de Uribe habían sido desplazadas del espacio público por una propaganda oficial que lo redujo, bajo la lógica maniquea de amigo-enemigo, al simple accionar de unas guerrillas terroristas y antipatriotas.

El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, igualmente creada por la mesa de diálogo de La Habana, recuperó esa perspectiva de análisis e hizo una síntesis de la investigación centrada en documentos en los que se ha abordado el tema en las últimas décadas. De este informe deben resaltarse elementos relevantes, como la debilidad política del Estado compensada con un régimen autoritario y militarista; la fragmentación de una sociedad regionalizada con organizaciones sociales precarias; el peso del latifundio en lo rural y en la dominación política; la integración de la población a los partidos tradicionales dentro de una cultura política sectaria; la injerencia de Estados Unidos en la política interna y en la formación de un ejército contrainsurgente basado en la doctrina de la “seguridad nacional”, desde el inicio de la guerra fría con la firma del TIAR; y la utilización sistemática del terror de Estado como práctica recurrente en el control de las resistencias sociales, que acompañó el surgimiento del paramilitarismo, oficializándolo incluso con decretos, tal y como fueron los casos de las denominadas autodefensas campesinas y las Convivir.

El resultado de esta forma de dominación estatal en las fuerzas armadas ha sido la represión continuada sobre la población civil. El último escándalo de denuncias sobre estas prácticas lo ha protagonizado la ONG norteamericana Human Rights Watch, la cual elaboró el documento titulado “El rol de los altos mandos en falsos positivos; evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones civiles”. 

Justicia transicional 

Si bien la comisión de la verdad no tiene carácter judicial, considerando que deben develarse “las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo al Gobierno y los demás poderes públicos; de las FARC-EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto…”, tal como lo señala el citado comunicado, remite al debate sobre el tipo de justicia que debe aplicarse en el posconflicto. Hasta ahora, este se ha reducido a la responsabilidad de los victimarios.

El presidente Santos ha insistido en una fórmula simétrica de ayudas al ejército y a la guerrilla, en la que obtendrían los mismos beneficios jurídicos una vez se termine la negociación. El expresidente César Gaviria, por su parte, ha propuesto ampliar esta fórmula simétrica a los “miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de las muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”. Este debate, a propósito de las fronteras de la justicia transicional, intenta reducir al máximo las responsabilidades de quienes han ejercido la dominación política. El argumento implícito es el de las violaciones a los derechos humanos que ha cometido la guerrilla, que diluye los postulados del delito de rebelión. Pero las víctimas exigen la sanción de todos los victimarios, aceptando que esta puede llevar a diversos tipos de penas que no implican necesariamente la detención carcelaria. Una justicia que no tenga en cuenta este postulado impide su reparación y aleja las posibilidades de la no repetición.

La sanción judicial a los victimarios, sin embargo, es tan solo un aspecto de la reparación. Las víctimas no solo han recibido una agresión directa en el terreno del derecho, sino que han soportado abandono social. Reyes Mate ha recordado que en el inicio de la segunda posguerra y mientras sesionaba el Tribunal de Nurenberg, Karl Jaspers escribió El problema de la culpa, donde incluyó los conceptos de culpas política, moral y metafísica, como complementarios al de culpa jurídica. La primera se deriva de cómo sea uno gobernado; si el Gobierno es criminal, cada ciudadano carga con las responsabilidades políticas del crimen. La “culpa moral” se refiere a cómo se comportó cada cual ante la política criminal: si miró a otro lado, si se la jugó por las víctimas o si se escudó en la obediencia debida.La “culpa metafísica” se vincula con la responsabilidad de todo ser humano respecto a cualquier sufrimiento o injusticia —si no hago lo que puedo, soy culpable—, de donde se desprende que la justicia reparativa debe propender por transformaciones políticas y sociales que posibiliten el ejercicio del duelo individual y colectivo.

En un país como el nuestro, en el que la guerra interna ha producido miles de muertos, desaparecidos, mutilados y millones de desplazados, la justicia reparativa, además de la sanción a los victimarios, debe enfocarse en el diseño de un sistema de reparación integral que posibilite el esclarecimiento de la verdad histórica y la elaboración de políticas de reinserción social de las víctimas en condiciones dignas. En este sistema, la eliminación del paramilitarismo, la transformación de un ejército basado en la doctrina de la seguridad nacional y la democratización del actual régimen político autoritario constituyen garantías de no repetición.

(Por: Daniel Libreros,
)
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