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Pruebas de paternidad siguen rodeadas de prejuicios

Detrás de lo que parece un puro trámite legal, se escoden una serie de prejuicios sociales y culturales que no parecen haberse superado en el país. Así lo han determinado expertos del Instituto de Genética de la un, donde se conformó un equipo que se ocupa de hacer pruebas de paternidad y brindar asesoraría jurídica y psicológica a las familias.

, 10.05.2014

En el instituto de genética de la UN, las pruebas de paternidad no son solo una cuestión técnica, también hay un acompañamiento jurídico y psicológico. - Foto: archivo Unimedios

Hace 46 años, el problema de la paternidad irresponsable alcanzó tales dimensiones que por primera vez el Estado colombiano empezó a preguntarse sobre los derechos de los niños no reconocidos. Así, creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para encaminar las acciones hacia tales fines.

Uno de los derechos instaurados fue el de la identidad, en tanto, se constituye en componente básico de la personalidad jurídica y se encuentra en la Constitución.

Aunque se crearon normas y leyes enfocadas a la promoción y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el panorama en el país no ha cambiado desde entonces.

Según los datos más recientes publicados por el icbf, en el 2013, en Colombia se presentaron 10.902 solicitudes de dictámenes a padres que no han reconocido a sus hijos, también se cree que el fenómeno ha aumentado en los últimos cinco años. De hecho, desde el 2011, en los juzgados de familia del país se han presentado por lo menos 44.913 procesos que han sido abiertos por defensores de familia.

El profesor William Usaquén Martínez, director del Grupo de Genética de Poblaciones e Identificación (GPI), del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia, señala que aunque una prueba de paternidad es sencilla, posee una carga emocional muy grande por el tipo de implicaciones sociales y culturales que tiene. “Los dictámenes de filiación dejan ver una serie de prejuicios latentes en nuestra sociedad, frente a temas como la maternidad o la sexualidad”. 

Estadísticas aumentan 

En promedio, en Colombia se abren 41 procesos diarios que buscan establecer el padre de un menor de edad (cerca de 1.200 al mes). Casi el 90% son contra hombres objeto de investigaciones que empiezan con una denuncia y terminan, luego de un largo proceso, en un fallo que otorga un apellido y una liquidación económica. Esto tiene en cuenta los deberes del padre y los derechos del menor, entre los que prima el de la identidad.

Pese a que en materia de juicios de filiación, Colombia es uno de los países más avanzados en pruebas de paternidad con marcadores genéticos (pruebas de ADN), esto no es motivo de exaltación, especialmente si se tiene en cuenta que ha aumentado el número de parejas que las solicitan, como ocurre en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Santander.

Varios de estos procesos llegan desde 1990 al Instituto de Genética de la Universidad Nacional y desde el 2003 concretamente al Grupo de Genética de Poblaciones e Identificación (GPI), el cual durante estos diez años ha atendido aproximadamente 4.000 casos.

Según datos del Instituto, de los casos evaluados, seis de cada diez han resultado ser de no exclusión, es decir, una paternidad comprobada, y tres de cada diez corresponden a exclusiones, donde el padre no es el biológico.

El profesor Usaquén señala que aunque la prueba de paternidad es ordenada por los defensores de familia que manejan casos de niños a quienes se les han vulnerado sus derechos, la consulta diaria se presenta frente a la ausencia de un padre, también es solicitada por personas que tienen dudas, inseguridades personales o, en algunos casos, celos.

“Durante muchos años, las mujeres cuyos hijos no reconocidos no demandaban a los padres ya fuera por desconocimiento o por miedo, en ese tiempo, la mujeres sufrían duras criticas y condenas sociales. Entonces muchos menores fueron registrados con sus apellidos maternos”, comenta el profesor.

Precisamente, legislaciones colombianas durante el siglo XX, basadas en leyes romanas y contenidas en los códigos de Cundinamarca y Santander, consideraron los hijos nacidos de uniones concubinas como hijos naturales y los nacidos en adulterio o producto de relaciones incestuosas como hijos espurios. Esta situación empezó a cambiar en 1968 con la creación del icbf. 

Más atención integral 

Para 1995 el ICBF registró alrededor de 12.000 procesos de paternidad. “Esto dejó  entrever la perspectiva social de la situación. Es decir, se trataba de un fenómeno social grande e importante, en el que resultaba llamativo que por primera vez se instauraran las demandas pertinentes. Un problema grave en el que, tras veinte años, se sigue presentado un alto número de casos”, relata el experto.

En la actualidad y desde el 2003 las pruebas de paternidad con marcadores de ADN se realizan en laboratorios de instituciones públicas y de empresas privadas. En el de la UN, que se encuentra acreditado y certificado, se abordan estas temáticas desde una perspectiva más social.

Por eso, desde el GPI se comenzó a trabajar de manera integral con las personas involucradas en procesos de paternidad. Por ejemplo, comenta Usaquén, los jefes de laboratorio de la Institución mantienen altos estándares de calidad en temas relacionados con la atención al usuario.

A quienes asisten por un dictamen de paternidad, no se les atiende solamente en la práctica pericial, sino que también se les ofrece información biológica y se les orienta en el ámbito psicológico o jurídico, frente a temas como la violencia machista.

“Este abordaje ha requerido un entrenamiento del equipo de expertos del GPI”, subraya el investigador, quien considera que es imposible abstraerse de las realidades que se esconden detrás de las pruebas periciales.

De ahí que la experiencia, les haya permitido identificar tres tipologías de la paternidad: uno, el caso simple que tiene un menor -o a veces mayores de edad- quienes se hacen las pruebas de paternidad de forma particular buscando resolver dudas de filiación. Dos, el de muchas personas de escasos recursos económicos, generalmente señoras que quieren realizar la prueba como parte de un proceso legal, buscando resolver los derechos de sus hijos y tres,  casos que por su gravedad, deben ser informados al Instituto de Bienestar familiar en los cuales se ven afectados los derechos de las señoras o los menores principalmente.

(Por: Diana Manrique Horta, Unimedios
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