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Panamá, ¿paraíso fiscal?

De los 60.351 millones de dólares que Colombia recibió en inversión extranjera directa, entre 2009 y 2013, 26.256 millones (43,5 %) provinieron de reconocidos paraísos fiscales. Si a septiembre de este año no se ha llegado a alguna negociación, el país le daría esa connotación a Panamá. Urge sincerar los capitales que se ocultan por cuenta de esta figura y conminarlos a tributar.

, 07.02.2015profesor emérito, Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Colombia

La mayoría del contrabando que ingresa a Colombia proviene de Panamá. - Foto: canalmuseum.com

En Panamá reside medio millón de colombianos y hemos desarrollado una integración económica tan profunda que el 25 % del centro financiero de ese país está en manos de colombianos.

No obstante, la relación bilateral se ha complicado, pues Colombia estima que los 17.613 millones de dólares de inversión extranjera, que desde 1994 han llegado de Panamá podrían no ser capital panameño, sino recursos de colombianos atraídos por la existencia de sociedades de inversión, que permiten ocultar las identidades de los propietarios.

El presidente Ricardo Martinelli promulgó un decreto que permitirá conocer dichas identidades, pero aún no entra en vigencia. Por su parte, Colombia estima en cuatro billones de pesos los impuestos dejados de recaudar por las operaciones de colombianos en el istmo.

Adicionalmente, el 41,8 % de los 3.202 millones de dólares de inversión que Panamá recibe anualmente proviene de Colombia. El comercio bilateral es altamente beneficiario para nuestro país, pues exportamos 2.385 millones de dólares, frente a 32,6 millones en importaciones.

En el cruce de intereses estratégicos está la decisión colombiana de ingresar a la OCDE (ello implica promulgar la lista de paraísos fiscales) y el interés panameño de asociarse con la Alianza del Pacífico, lo cual supone tener un TLC con un miembro de dicha alianza. Para esto, Colombia no ha sometido el tratado, ya suscrito, a la ratificación del Congreso y Panamá suspendió el respectivo trámite.

Panamá permite crear empresas de fachada y utilizar ‘acciones al portador’ que ocultan la identidad del propietario y facilitan la evasión y el lavado de activos. La Ley 47, expedida por el presidente Martinelli en el 2013, admite retener dichas acciones a solicitud de autoridades competentes para que pueda conocerse la identidad de su dueño, pero solo entrará en vigencia dos años después de la expedición.

Se calcula que de los 6.000 millones de dólares que ingresan a Colombia por contrabando, el 75 % proviene de Panamá y se financia, gran parte, con dinero ilícito. Este país ha presentado dos demandas contra Colombia en la Organización Mundial del Comercio (la primera fallada en contra de Colombia y la segunda en curso actualmente) por los controles establecidos al ingreso de textiles y calzado, en mayor medida de origen chino, reexportados desde Colón. 

Recaudos perdidos 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estima que, por cuenta de los paraísos fiscales, el país estaría dejando de recaudar alrededor de 4 billones de pesos anuales en impuestos. Esto es porque, en efecto, gran parte de las multinacionales que operan en Colombia se valen de esos lugares. Así, de los 60.351 millones de dólares que recibimos en inversión extranjera directa entre 2009 y 2013, 26.256 millones (el 43,5 %) provinieron de reconocidos paraísos fiscales.

El Decreto 2193 de 2013 incluyó, entre los más importantes paraísos fiscales, a Anguila, Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán, pero dejó por fuera a Panamá, Suiza, Bermudas, Barbados, Luxemburgo y Holanda. Además, el 7 de octubre del 2014 el Gobierno colombiano promulgó el Decreto 1966 de 2014, el cual declaró a Panamá como paraíso fiscal junto con Kuwait y Qatar, pero excluyó a Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Andorra, Chipre, Liechtestein y Bermudas.

Cabe advertir que Estados Unidos, Francia, México, Argentina, España y Ecuador ya han catalogado a Panamá como paraíso fiscal y lo han obligado a firmar 25 acuerdos de intercambio de información entre 2010 y 2013.

El presidente Varela argumentaba que llevaba poco tiempo en funciones y que tenía férrea oposición parlamentaria, de manera que solo ofrecía acuerdos contra lavado de activos y doble tributación, sin comprometerse a intercambiar información financiera, lo que fue calificado por Colombia como insuficiente.

Si no se logran acuerdos entre los dos gobiernos en septiembre, la declaratoria de paraíso fiscal entraría en vigencia y entonces el impuesto a los giros pasaría del 10 % al 33 %, los giros de las empresas tendrían una retención del 33 % (y no del 14 %) y los residentes colombianos quedarían sometidos a doble tributación. 

Recelo en el istmo 

El Gobierno de Panamá amenazó con calificar a Colombia como país discriminatorio y aplicar medidas de retorsión como asignar impuesto del 33 % a los giros y remesas enviados hacia Colombia; exigir visa a los turistas colombianos; deportar a los prisioneros colombianos e inmigrantes ilegales; cancelar el proyecto de interconexión eléctrica avaluado en 400 millones de dólares; excluir a las empresas colombianas de los contratos estatales; y expropiar la empresa de transporte masivo Metro Bus, cuyo 70 % es de propiedad colombiana.

Se habló de eliminar la exención de pago de fletes de los barcos colombianos que cruzan por el canal y que está consagrada en el Tratado de Montería. Es lamentable observar cómo en ninguno de los cientos de artículos publicados en ambos países, se hizo alguna referencia al hecho histórico que explica la exención a dicho pago: el general Torrijos (descendiente de colombianos) agradeció con dicho beneficio el decidido apoyo que brindó el entonces presidente Alfonso López Michelsen para culminar la negociación del Tratado Torrijos-Carter, que permitió el retorno del canal a control panameño.

Presionado a sí mismo por el ultimátum de siete días, el Gobierno panameño aceptó un acuerdo (aún en los temas que había rechazado), so pena de verse forzado a adoptar la serie de medidas anunciadas, las cuales también tendrían un impacto negativo para Panamá.

La idea de establecer visas a los turistas fue rechazada por el presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, pero prestantes periodistas colombianos criticaron al Gobierno porque supuestamente se había echado hacia atrás, sin entender que el memorando incluye el compromiso de llegar a un tratado de intercambio de información tributaria, según los estándares de la OCDE (a lo cual Panamá se resistía). Además incluye el compromiso de cooperar en el control de lavado de activos a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero. En cambio, no incluye el retiro por parte de Colombia de las medidas comerciales, tal como era demandado por Panamá.

Como ha afirmado el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, la decisión de Panamá operó en su contra, pues la obligó a firmar un acuerdo que incluye temas hasta ahora vedados y estableció el 30 de septiembre de 2015 como fecha límite para la negociación. En caso de no llegar a un acuerdo en los temas que incluye el memorando, Colombia estaría en libertad de volver a aplicar la declaratoria de paraíso fiscal.

Urge, en todo caso, sincerar los capitales que se ocultan y conducirlos a tributar como lo hacemos los demás ciudadanos.

(Por: Beethoven Herrera Valencia,
)
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