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Salud

Medicamentos, otra lista de espera para receptores de órganos

La baja tasa de donación de órganos, la falta de asignación de recursos por parte del Estado, la inexistencia de una red pública, el no acompañamiento a pacientes trasplantados por parte de las EPS y el alto costo de medicamentos son factores que han llevado a la muerte a personas que se encuentran tanto en listas de espera como fuera de ellas.

, 09.11.2013

Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios

Angie Bolívar nació con atresia de vías biliares (conductos que drenan la bilis de manera deficiente, lo cual causa daño al hígado). En principio, fue mal diagnosticada en un centro de salud del municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca), donde establecieron que la niña tenía parasitosis.

A los tres meses de vida, un nuevo examen médico determinó que su mal era otro y necesitaba urgente un trasplante de hígado. Desde ese momento, ella y sus padres comenzaron una carrera contra la muerte, que los llevó, infructuosamente, por el angustioso camino de la búsqueda de una operación que nunca llegó.

Angie soportó año y medio ese recorrido, pero finalmente entró a engrosar las estadísticas de pacientes que mueren, sin ni siquiera haber logrado entrar en la lista de espera oficial, que hoy alcanza las tres mil personas en busca de trasplantes de órganos y tejidos en el país.

En Colombia, estos procedimientos son realizados principalmente en clínicas privadas, debido a que el sector público no posee la cobertura ni la infraestructura necesaria para enfrentar esta problemática. La escasez de recursos en la red pública tiene a los hospitales más cerca de cerrar que de crear estos servicios esenciales. 

Pocos para tantos 

En la actualidad, es difícil calcular la cantidad de personas que no están diagnosticadas; además, no todas las que logran tener el diagnóstico pueden ingresar en las listas de espera, y muchas de las que están en ellas, no tienen acceso a los tratamientos.

Una de las principales causas de esta problemática es la baja donación, por ejemplo, Bogotá presenta una tasa de solo ocho donantes por cada millón de habitantes. No obstante, en Colombia es baja la cantidad de personas que se encuentran en listas de espera en comparación con otros países.

Así, mientras en España son 800 los pacientes enlistados para recibir un hígado, en Colombia solo hay 70. Esa misma relación se mantiene frente a quienes necesitan un corazón: 200 a 31. Por supuesto, esto no significa que aquí falten personas que requieran órganos; simplemente, el deficiente sistema de salud excluye a la gran mayoría.

El Instituto Nacional de Salud también muestra cifras que hablan de la complejidad de esta realidad. En el primer semestre de 2013 hubo una disminución de trasplantes del 16% frente al mismo periodo del 2012. En términos de trasplantes, el año pasado se llevaron a cabo 570 procedimientos (unos 24,5 por millón de habitantes), mientras este año, en los mismos meses, fueron 479 (20,3 casos por millón). En España, un país con similar cantidad de población que Colombia, esta cifra está en 34,1. 

Trabas burocráticas 

Quienes por fin logran adquirir un órgano tampoco la tienen fácil. Otra barrera es el acceso, debido a que el Estado colombiano no cubre todo el proceso clínico que implica un trasplante, por lo que la única salida para los enfermos es la acción de tutela.

Para Adriana Segura, médica y asesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, con amplia experiencia en la coordinación de donación y trasplantes, el sistema actual no toma con seriedad la responsabilidad del manejo de pacientes de alto costo.

La mayor restricción, dice, es la inexistencia de un hospital público que realice estos procedimientos y atienda a un amplio sector de población vulnerable. Según la experta, los que funcionan en la actualidad no tienen capacidad administrativa, financiera y organizacional para asumir esta tarea.

“El trasplante es un procedimiento caro que requiere manejo de por vida, y el sistema de salud no cuenta con esa plataforma de atención. Adicionalmente, las EPS limitan la cantidad de trasplantes que se hacen al mes, pues no se encuentran en la capacidad de solventar todas las intervenciones requeridas. Esta es una barrera adicional para los pacientes en lista de espera”, asegura la profesional.

Como si fuera poco, quienes logran el procedimiento deben mantener una lucha continua con las EPS para el suministro de fármacos. Esta dificultad ha llevado a que se establezcan redes de apoyo para compartir, prestar o vender la droga requerida. La experta asegura que el tratamiento con inmunosupresores, que es de por vida para evitar el rechazo del órgano, tiene costos que arrancan desde los cinco millones de pesos mensuales, una suma imposible para la gran mayoría de colombianos.

La doctora Segura enfatiza: “El Estado tiene que responder con gallardía a lo que hacen sus donantes y receptores, los pacientes merecen buenas condiciones. No se puede trasplantar un paciente y dejarlo a la deriva enfrentado a la EPS”.

A esto se suma que el precio de los medicamentos en Colombia es más alto que en los países vecinos. Además, la relación industria farmacéutica-médicos es un factor que también agudiza la crisis con el conflicto de intereses que despliega.

El médico Einer Lozano Márquez, director de la Línea de Trasplantes de la UN, resalta que es importante crear hospitales de excelencia para procedimientos de trasplante. Para ello, se debe contar con grupos de investigación de alta calidad, espacios apropiados para las intervenciones y un personal médico que haga seguimiento a los pacientes.

“Cada trasplante es un tesoro que se regala, son años de vida que se le brindan a alguien, a quien hay que cuidar de por vida; esto no puede cambiar por un gobierno y políticas de turno”, afirma Lozano.

Por otro lado, este médico, experto en trasplante renal, desmitifica el rumor de que son los estratos 1 y 2 los que ponen los donantes y los 5 y 6 quienes se trasplantan. Lo que sí es cierto es que el 68% de quienes están en lista de espera son de estratos 1 y 2, debido a que carecen de acceso a la medicina preventiva.

En Colombia, el tráfico de órganos y tejidos está contemplado como delito en la Ley 73 de 1988 y el decreto 2493 de 2004.

Lozano enfatiza que los coordinadores operativos de las áreas de cuidados intensivos de los hospitales deberían tener mayor capacitación frente al tema y ser capaces de identificar a los potenciales donantes y sensibilizar a las familias para que concedan los órganos de sus seres queridos.

Estos se pueden obtener de dos formas: de pacientes con muerte cerebral y de donantes vivos de quienes se obtienen riñones, hígado o porciones de páncreas.

Colombia tiene cerca de 25 mil pacientes con insuficiencia renal crónica (diálisis peritoneal o hemodiálisis, que brinda el 15% de la función de un órgano) y solo alrededor de 1.419 se encuentran en lista de espera para trasplante. Cada semana muere uno sin lograrlo, otros tienen que esperar hasta siete años. 

Hay que mejorar  las políticas 

Jorge Ernesto García, director de la Fundación Retorno Vital, que agrupa a personas con enfermedades renales, asegura que han recibido en los últimos tres meses 700 denuncias por interrupciones en los tratamientos que llevan a cabo entidades como Saludcoop, Humana Vivir (en liquidación) y Caprecom, cifra que aumenta a 1.400 al sumar todas las entidades prestadoras de salud del país. También destaca, que el 40% de los medicamentos inmunosupresores están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Un ejercicio realizado por esta Fundación concluyó que los retrasos y las barreras de acceso creadas por las EPS (demoras en las autorizaciones, entregas y trámites administrativos) hacen que los pacientes reciban medicamentos solo para 5 meses y 24 días al año, aproximadamente.

Entretanto, Olga Lucía Caicedo, subdirectora del Hemocentro Distrital de Bogotá, indica que es fundamental que la red pública abra servicios de trasplante que brinden una mayor atención y permitan la disminución de pacientes en listas de espera.

“Es necesario que el Ministerio de Salud y la Protección Social aumente los recursos; a la par, es urgente una política clara en el tema de donación de órganos y tejidos que incluya al sector público. Para esto, hay que reformar normas del decreto 2493 de 2004 y la resolución 5108 de 2005, que no avanzan al ritmo de la ciencia y la tecnología en esa área”, afirma Caicedo.

Los expertos consultados coinciden en que, asimismo, es prioritaria la regulación de los precios de los medicamentos por medio de la superintendencia, así como un control tarifario para poner un techo, pues esto es lo que más afecta a los trasplantados.

Solo así se podrán evitar casos como el de Angie, una pequeña que hubiera tenido todas las posibilidades de vida, si no existiera una sociedad apática a esta enorme tragedia de miles de colombianos.

(Por: Víctor Manuel Holguín, Unimedios
)
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