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Medio Ambiente

Licencias ambientales a la carta

Una regulación que varía en cada periodo presidencial y que excluye actividades de alto impacto ambiental da cuenta de la necesidad de una política más contundente y de largo plazo para conservar el patrimonio medioambiental del país. En los últimos diecinueve años las leyes se han amoldado al gusto de los sectores económicos.

, 13.07.2013

En la actualidad, el solicitante de una licencia ambiental escoge el método con el cual se le evaluará. Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios

En Colombia, el proceso para conceder una licencia ambiental ha variado múltiples veces. En diecinueve años ha sido modificado en siete ocasiones, lo que ha permitido que actividades económicas perjudiciales no cumplan con los requisitos pertinentes.

En 1994, el Decreto 1753 estipuló que 42 sectores debían obtener permisos ambientales; entre ellos la industria de textiles, las granjas pecuarias, avícolas y acuíferas, la manipulación genética, el cultivo intensivo de flores y la minería, entre otros.

Adicionalmente, estableció pólizas de cumplimiento para garantizar que los planes de manejo, cuyo objetivo es prevenir los impactos, se llevaran a cabo. Estas abarcaron un amplio número de actividades y resultaron significativas para disminuir los efectos adversos.

Un año después, en 1995, se intentó modificar dicha norma mediante la Ley 2150. Bajo esta, el Gobierno podía determinar en qué casos se podían iniciar operaciones sin licencia.

“Esto debilitó la ley, probablemente por la presión del sector productivo para acortar el tiempo para obtener el permiso, que, en comparación con otros países, no es realmente muy extenso”, afirma el profesor José Javier Toro, líder de los estudios que el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, desarrolla con respecto a la evaluación del impacto.

Con todo, en 1996 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró inexequible la Ley 2150 y mantuvo vigente el Decreto 1753, que, finalmente, se derogó en el año 2002. Entró en vigor, entonces, el Decreto 1728, que, según Toro, “es uno de los más lesivos”.

Dicho decreto eliminó 21 de los 42 sectores obligados a someterse al proceso de licenciamiento ambiental, sin socialización ni valoración de la eficiencia de la normativa anterior.

Desde ese momento, las actividades liberadas (industria textil, manipulación genética o exploración minera, entre otras) tuvieron que seguir guías que no eran de obligatorio cumplimiento y cuyo alcance era muy limitado.

“Llama la atención que cada Gobierno cambia el marco legal sin participación de la comunidad ni el respaldo de estudios”, asegura el investigador. Agrega que 48 países, que han sido objeto de estudio del IDEA, sí exigen licencia para todas las actividades que en Colombia no lo requieren.

En el año 2003, entró en vigencia el Decreto 1180, que autorizó el desarrollo sin licenciamiento de proyectos asentados en donde estuviera en marcha un plan de ordenamiento territorial (POT).

Era algo impertinente, pues estos planes ordenan el territorio, pero no incluyen estudios sobre impactos en los ecosistemas. Dos años después, el Decreto 1220 ratificó la eliminación del requisito de licencias para proyectos que tenían POT aceptados.

La ley tuvo un nuevo componente en el año 2010, cuando el Decreto 2820 derogó los diagnósticos ambientales para varias actividades que hasta el momento lo requerían. Así, se permite, por ejemplo, que oleoductos de menos de 15,24 cm se construyan y funcionen sin importar el riesgo que representan.

El investigador se pregunta “¿dónde está el trabajo científico que pueda refrendar que los oleoductos por debajo de los 15 a 24 cm de diámetro no ofrecen riesgos?”.

La Contraloría General de la Nación ha hecho varios llamados al respecto. El último de ellos lo hizo en el año 2012, al advertir que no se dispone de evaluaciones sobre el tema de licencias en el país que permitan establecer las repercusiones reales de su aplicación o no con respecto al manejo de los procesos productivos y su efecto sobre los recursos naturales y el medioambiente.

La última modificación vigente es la del año 2011, por medio de la Ley 1450. “Pero esta lo único que hace es disminuir los tiempos que tiene la autoridad para emitir la licencia, lo que produce presiones sobre los funcionarios”, resalta el profesor.

Entonces, ¿qué hay actualmente? Múltiples sectores lesivos que no necesitan permiso y otros tantos que, si bien lo requieren, pueden obtenerlo fácilmente debido a los vacíos existentes en el proceso.

Desatinos en el manejo actual

El IDEA desarrolló un estudio entre los años 2010 y 2012 sobre las licencias otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante ese periodo.

Encontró que el ciento por ciento de las metodologías para identificar y valorar riesgos –y decidir así si se entrega o no el permiso– se fundamenta en los criterios del evaluado, sin utilizar indicadores del ambiente y del potencial de los peligros.

Según explica el estudio, existen otras falencias. Por ejemplo, en algunos casos se elimina el análisis de la sinergia, que permite determinar si un impacto podría interactuar con otro y aumentar el daño final.

Al dar algunas licencias en el sector petrolero se utiliza un método matemático erróneo para calcular la probabilidad de que un perjuicio se presente o no: se suma la probabilidad de ocurrencia, en lugar de multiplicarla, lo que sin duda disminuye los resultados finales.

En últimas, el estudio señala que los métodos se caracterizan por un alto nivel de incertidumbre y sesgo que reduce la efectividad del proceso.

Por eso, advierte que es tanto urgente como prioritario crear un sistema más efectivo.

En ese sentido, Toro afirma que es necesario trabajar con la comunidad, con base en estudios y análisis de los sectores productivos, la academia y otros actores que permitan reglamentar con claridad y con sentido de largo plazo –y no al ritmo del Gobierno de turno– la normativa vigente.

Solo así será posible configurar una reglamentación más adecuada para preservar el patrimonio medioambiental colombiano.

(Por: Lina Leal, Unimedios
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