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Ley Anticontrabando se queda en populismo punitivo

La nueva norma no cuenta con los mecanismos adecuados para atacar el contrabando, pues las mayores penas no se reflejan necesariamente en la disminución de este delito, cuyos responsables se valen de diversas figuras legales para seguir en esta actividad. Adicionalmente, no existen los instrumentos técnicos requeridos para ejercer un buen control.

, 11.07.2015 investigador del Instituto de Estudios Urbanos - Universidad Nacional de Colombia

Aunque las autoridades dan cuenta de la incautación de mercancía de contrabando, este delito va más allá del tráfico ilegal. foto: policia.gov.co

El Congreso de la República acaba de aprobar la Ley Anticontrabando, en la que aumentó las penas y sanciones. Según el valor del contrabando y de las circunstancias, la pena puede ser hasta de 12 años; y cuando el delito está asociado al lavado de activos, sube a 30. Las multas son elevadas y alcanzan a ser del 200 % y hasta del 300 % del valor aduanero de la mercancía incautada. La norma, que duplica los años de cárcel para los funcionarios implicados, le da relevancia al contrabando de hidrocarburos; y en la exposición de motivos muestra los vínculos entre contrabando, lavado de activos y crimen organizado.

Es interesante observar que la información que se tiene en el país sobre el contrabando es muy limitada, pues los datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del Ministerio de Hacienda son muy parciales. En los últimos años se destaca el contrabando de gasolina, confecciones, calzado, aceite, cigarrillos, licores y acero.

En la exposición de motivos se reconoce la complejidad del problema. El diagnóstico comienza advirtiendo que la falta de oportunidades lleva a las personas a optar por las prácticas ilegales, apreciación que se ilustra con los niveles de desempleo y pobreza de algunas regiones.

Sin embargo, el punto de partida del diagnóstico, que es adecuado, no se contempla en el articulado de la ley. Si se fuera consecuente, la igualdad de oportunidades en regiones como Guajira, César y Chocó se lograría modificando de manera radical el tipo de desarrollo, que no ha logrado convertir la riqueza de estas zonas en oportunidades de desarrollo humano.

Además de la igualdad de oportunidades, en la evaluación se incluyen otras causas posibles del contrabando, como la cultura laxa y la capacidad de las organizaciones criminales.

Además hace énfasis en tres aspectos: la ampliación de penas y sanciones; la relación entre contrabando y lavado de activos; y el ordenamiento institucional.

Además, mantiene el populismo punitivo, que sigue fracasando en Colombia y en el mundo, de manera que las mayores penas no se reflejan necesariamente en una disminución del delito, pues, como se reconoce en la exposición de motivos, los mecanismos que se han diseñado en el país para atacar el contrabando no son los adecuados, y la ley no los transforma.

Una de las mayores dificultades radica en la determinación del sujeto que merece la sanción, ya que en la legislación colombiana únicamente son culpables las personas naturales y no las jurídicas, mientras el contrabando utiliza figuras legales de muy diversa naturaleza. Desde la ubicación de la empresa que realiza prácticas ilegales hasta la sanción a la persona, hay un trecho complejo en el campo jurídico, sobre todo cuando la empresa está ubicada en otro país y, peor aún, si se encuentra en un paraíso fiscal. Además de las dificultades anteriores, no existen los instrumentos técnicos sofisticados que son requeridos para ejercer un buen control del contrabando. 

Lavado de activos 

Tanto en la exposición de motivos como en la ley, se hace la diferencia entre el contrabando y el lavado de activos, y se muestra que algunas modalidades del primero favorecen a este último. No obstante, esto no siempre es así, luego muchas de esas operaciones buscan obtener una ganancia, pero no siempre se trata de lavado de activos. Si la distinción es clara, no se entiende el afán del presidente Santos de vincular el contrabando al lavado de activos, como si la intencionalidad siempre fuera el blanqueo de dinero.

Las operaciones financieras especulativas de naturaleza ilegal, por medio de las cuales se busca entrar dólares al país, toman diversas formas: sobrefacturación de exportaciones, subfacturación de importaciones, cuentas de transferencias y turismo, adelantos y rezagos en las operaciones de comercio exterior.

Los diferenciales entre las tasas de cambio son relevantes en Venezuela, donde el dólar oficial vale 6,30 bolívares, mientras en el mercado se consigue a 481,86 bolívares. Esta diferencia tan grande estimula la realización de diversas operaciones ilegales, en las que el exportador venezolano subfactura para entregarle menos dólares al Gobierno y poder vender las divisas no declaradas en el mercado negro. Si esta operación ilegal se realiza con una empresa colombiana, no se puede afirmar que el colombiano esté lavando dólares, ya que este delito aduanero no implica dicha actividad ilícita. 

Problemas de fondo 

La ley reconoce que el orden institucional no es adecuado, pero las soluciones se quedan cortas. Se fortalece la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que ahora estará autorizada para seguir las cuentas bancarias de quienes presuntamente estén participando en actividades de contrabando. Además, se crea la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, en la que participan las siguientes instituciones: DIAN, Policía, Fiscalía, ministerios de Comercio, Relaciones Exteriores y Agricultura, supervinientes de Puertos y de Industria y la UIAF. Ocasionalmente, pueden asistir: Invima, Dimar, ICA y gobernadores de los departamentos fronterizos. Este formalismo, junto con el populismo punitivo, no resuelve los problemas de fondo.

Ninguna de las alternativas propuestas responde a la pregunta que hacía Juan Ricardo Ortega cuando era director de la DIAN: “¿Por qué la mitad del contrabando que llega a Colombia entra por El Dorado?”.

(Por: Jorge Iván González,
)
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