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Política & Sociedad

La otra condena

La política pública para resocializar a los adolescentes privados de la libertad termina siendo un dispositivo de exclusión y segregación social. Aunque la finalidad del sistema es educativa no hay proyectos pedagógicos claros ni con parámetros de calidad. Algunos jóvenes son internados en condiciones infrahumanas.

, 08.11.2014 profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Colombia

Los centros de reclusión para menores de edad deben ser diferentes a los de los adultos si se busca una verdadera resocialización. - fotos: archivo particular

Es común que al hablar de cárcel, castigo o pena, se evoque el sobrediagnosticado problema de hacinamiento en los centros penitenciaros y su estado de cosas inconstitucional. Esta es una imagen común de vulneración sistemática de derechos humanos que persiste históricamente y a la que nos hemos acostumbrado con pasmosa indiferencia.

No obstante, la sociedad, la academia y los medios de comunicación, que tanta propaganda hacen a los dispositivos punitivos y de seguridad, no se preguntan qué pasa en los centros especializados para adolescentes. En el imaginario colectivo se piensa que son correccionales, internados o centros de bienestar para delincuentes.

De aproximadamente 3.540 jóvenes privados de la libertad en 34 centros especializados del país, 885 han cumplido allí la mayoría de edad, lo que equivale a un 25,1 % de la población; 1.692 tienen entre 16 y 18 años; y 849 tienen entre 14 y 16 años, es decir, el 24 %.

También es común escuchar que la ley es laxa y por lo tanto se pide cárcel o penas duras para una población acusada de beneficiarse de leyes “suaves”, o que por esta última característica, es usada impunemente por organizaciones criminales en la comisión de delitos.

Los políticos con poder de definición aprovechan para hacer populismo punitivo. La sociedad y los medios, entretanto, acuden ingenuamente al mismo “remedio”: seguridad, penas y castigo; así, se etiqueta al joven como sujeto peligroso o criminal, como merecedor de medidas para proteger del “mal” a la sociedad. 

Sanciones pedagógicas 

La responsabilidad penal de los adolescentes se enmarca en el contexto de los derechos de los niños, cuyo ámbito de protección constitucional es uno de los más importantes y reforzados en la actualidad.

Se trata de una población vulnerable que tiene protección especial internacional y convencional, cuyos derechos humanos como sujetos y ciudadanos son universales, prevalentes e integrales. Por ello cuentan con una posición normativamente privilegiada; sus derechos son superiores a los de los adultos y en caso de conflicto prevalece ese interés superior, lo cual implica reconocerlos como sujetos de derechos y de políticas públicas de prevención, educación y justicia social.

De este conjunto normativo constitucional y de los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se deriva un concepto de sanción con finalidad educativa no punitiva. Es decir, se excluye cualquier concepción de castigo o retribución penal, por lo cual la medida tiene carácter protector, educativo y restaurativo.

Su ejecución debería contar con el apoyo familiar y de especialistas a través de programas de política educativa, en procesos ex ante, intermedia y ex post, esto es, de prevención (evitar conductas), de educación (preparar y transformar) y de seguimiento ocupacional (ocupar y acompañar para el futuro).

Hoy ingresan adolescentes entre 14 y 18 años y salen de hasta 25. Según el Ministerio de Justicia, la mayor población aprehendida no supera quinto de primaria; desde el 2003 se han presentado 44.164 casos, correspondientes al 30,39 %; y los que no han superado el undécimo grado están en un porcentaje del 20,85 %, con 30.300 casos reportados.

Al indagar en los centros de internamiento, desde la educabilidad, se advierte que la finalidad del sistema no se cumple en cuanto no hay proyectos educativos o pedagógicos claros ni educación de calidad. No hay procesos significativos de ocupación del tiempo, el responsable no quiere o no sabe cómo educar y al adolescente no se le da la oportunidad, por lo que se impone la disciplina correccional y el castigo.

No todos los que trabajan en los centros de internamiento son educadores ni tienen formación en pedagogía; y el tiempo que dedican los adolescentes al estudio es de máximo 16 horas a la semana.

Desde el punto de vista pedagógico, no hay una reflexión sobre el acto educativo. Allí se ocupan espacios, se dicen cosas y se pasa el tiempo sin programas de prevención del delito ni políticas públicas de seguimiento y ocupación cuando se egresa del sistema. 

Negación del sistema 

Otro de los problemas que se suscita es la infraestructura, a todas luces insuficiente e inadecuada. Aunque algunos centros cuentan con mejores condiciones que otros, también existe infraestructura carcelaria heredada de los penitenciarios de adultos, lo cual tiene un efecto adverso en la formación.

Caso paradigmático y sorprendente es la ocupación actual de la antigua cárcel de mujeres el Buen Pastor, en Cali, donde han sido internados adolescentes en virtud de una orden judicial; o las celdas de internamiento en Villavicencio, que no cuentan con condiciones adecuadas de salubridad.

La arquitectura del encierro ha sido históricamente determinante para los fines institucionales, razón por la que estos centros deberían tener diseños e infraestructura para un propósito formativo, no para funcionar como centros carcelarios o penitenciarios. Estas, como instituciones cerradas o totales, transforman la estructura del yo, disciplinan y moldean al sujeto, direccionan su comprensión del mundo y su forma de interactuar y reflexionar.

En estos centros, la subjetividad se ve mediada por el castigo, la amenaza, el rencor, el dolor y las relaciones de poder. Todo ello transforma al niño, no como sujeto con autonomía moral e intelectual, sino como ser heterónomo, lo que lo hace más vulnerable en su contexto social.

Es un error “encerrar” adolescentes en antiguas cárceles de adultos o construir nuevos centros con arquitectura penitenciaria. Sin embargo, tenemos construcciones en las que se combina la inocencia de un niño en condiciones de vulnerabilidad con quienes adquieren allí la mayoría de edad.

Lo que debería ser un escenario educativo de reconstrucción de derechos y formación en valores sociales para la convivencia tiene todas las características del “patio” carcelario.

En algunos centros existen celdas de aislamiento, castigos indefinidos, relaciones hostiles y rencillas entre pandillas de barrio, lo que deriva en rupturas y manifestación de relaciones agresivas de poder entre el que cuida y el privado de la libertad, es decir, el educador y el educando.

Es paradójico encontrar que el aislamiento hace parte del castigo, lo que anula la socialización. Asimismo, la prohibición de visitas constituye la negación de la única ventana al exterior: su familia, a lo que se suman procesos de incomunicación y pérdida total de intimidad.

Así, el sistema recibe a los adolescentes sin educación y no ejecuta procesos para superar esa situación. En tal sentido, el Estado le devuelve a la sociedad un nuevo cliente del sistema penal. Lo ha condenado a la pobreza, segregándolo socialmente, lo ha graduado en su carrera criminal.

(Por: Estanislao Escalante Barreto,
)
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