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Salud

El sistema de salud en el PND va en contravía de la paz

Los postulados en salud del Plan Nacional de Desarrollo (PND) no apuntan a aplicar la Ley Estatutaria ni a construir una sociedad más justa, democrática y en paz, sino a mantener, e incluso profundizar, el actual modelo de salud y de sociedad.

, 07.03.2015

La oportuna atención en el servicio de salud es uno de los mayores reclamos de los usuarios. - foto: El Tiempo

En una misma semana, el Gobierno sancionó la nueva Ley Estatutaria en salud S(LES) —Ley 1751 del 16 de febrero de 2015— y presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Lo primero lo hizo por fuera de los tiempos legalmente establecidos y más por la presión y las demandas de diferentes sectores sociales que por convicción. Lo segundo, en medio de intensos debates, dada la diversidad e importancia de temas incluidos y la opinión generalizada de que el PND está atendiendo compromisos con la banca internacional y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Ambos hechos se dan en un contexto político-social dominado por las negociaciones de paz y en un difícil momento económico, precipitado por la vertiginosa caída de los precios del petróleo.

Sin duda, la LES constituye un avance significativo en la concepción de la salud y en la orientación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El simple hecho de generar conciencia colectiva de que la salud no solo es atención de enfermedades, sino un derecho ligado a la situación elemental de ser seres humanos, justifica los largos debates y las diversas movilizaciones por la aprobación de la Ley Estatutaria. Mucho más si esta trata de precisar las responsabilidades del Estado en la protección y garantía del derecho a la salud (artículo 5), poner ciertos límites al negocio de la prestación de servicios (artículo 6), garantizar en todos los casos la oportuna y efectiva atención de urgencias (artículo 14), reafirmar la tutela como recurso ciudadano para reclamar los derechos (artículo 15), defender la autonomía en el ejercicio de las profesiones de la salud (artículo 17) y advertir al Gobierno sobre sus obligaciones en la regulación y el control del mercado de los medicamentos y demás insumos requeridos (artículo 23). 

Paso firme, pero insuficiente 

En las 588 páginas de la Sentencia C-313 de 2014, la Corte Constitucional fijó su criterio de exequibilidad condicionada a la Ley Estatutaria y enriqueció la jurisprudencia y el marco conceptual sobre el contenido, los alcances y las implicaciones del derecho a la salud en un Estado de derecho.

Si bien esta norma logró avances importantes, no tocó las bases estructurales del modelo de salud vigente y, por tanto, no resolvió su grave crisis ni planteó un nuevo modelo.

La persistencia del aseguramiento individual, del esquema de compra-venta de servicios, de la reducción del derecho a paquetes de beneficios diferenciados y discriminadores en función de la capacidad de pago, de la intermediación financiera y de un modelo que ha permitido desviar billones de pesos aportados por la población al enriquecimiento desmedido de algunos o hacia actividades ajenas al sector son indicadores de que la ley se quedó muy corta frente a lo que pudo haber logrado, y no por falta de propuestas alternativas.

De hecho, hubo algunos proyectos de ley que, por ejemplo, presentaban las bases y los mecanismos de funcionamiento y financiación de un sistema viable y radicalmente diferente al actual. Se llegó hasta donde fue posible con la relación y la tensión de fuerzas políticas, económicas y sociales, dadas en el curso de la discusión y aprobación de los mismos.

Por tanto, más que un punto de llegada, la Ley 1751 de 2015 debe ser la partida para exigir su pleno cumplimiento, evitar que abierta o soterradamente se desconozcan o tergiversen sus contenidos —como se evidencia en algunas propuestas del PND— y ganar el respaldo social para impulsar el modelo de salud y seguridad social que propicie la construcción de una sociedad en paz. 

PND, en contravía de la ley 

Una cuidadosa lectura de los 206 artículos del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo y del extenso documento que le sirve de base, permite concluir que lo que el Gobierno realmente quiere y propone en salud para los próximos años no solo tiene poco que ver con la aplicación de la LES, sino que en muchos casos es abiertamente contrario al espíritu y a la letra de esta misma.

Queda, además, la impresión de que el Gobierno está tratando de lograr por la vía del PND la aprobación de lo que consideraba esencial de su fracasada propuesta de Ley Ordinaria en Salud.

El tema hace parte de la segunda de las seis estrategias incluidas en el PND: movilidad social, y lo fundamental se incluye entre los artículos 61 y 72. Pues bien, al plantear los objetivos generales en el documento base (páginas 25 y 26), la salud es considerada como “un servicio para enfrentar riesgos”, no como un “derecho fundamental”. La médula de la les es justamente precisar el sentido y los alcances del derecho a la salud.

Más aún, al sustentar otra de las estrategias del Plan, la de buen gobierno, el documento base explicita sin ambages uno de los pilares fundamentales de la filosofía general de la propuesta desarrollista: “Un Gobierno que garantice tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. Más claro, imposible.

De las orientaciones del documento base se pasa a su implementación en el articulado. Se advierte entonces por qué el primer artículo dedicado a salud (artículo 61) defiende un incierto y riesgoso modelo integral de atención, cuya formulación queda en manos del Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente, demanda tanto la derogatoria de todo lo que tiene que ver con redes integradas de servicios de salud (artículos 60 a 64, de la Ley 1438 de 2011) y de toda la estrategia de atención primaria en salud (artículos 12, 13, 15 y 16 de la misma Ley 1438), como el desconocimiento del artículo 13 de la LES, que define que “el sistema de salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud”.

Se entiende también la importancia que se le da en el pnd a la creación de la unidad de gestión de los dineros del sgsss (artículos 62 y 63), que trata de revivir con ajustes la propuesta Salud Mía, hundida en el proyecto gubernamental de Ley Ordinaria en Salud  y que revive los copagos, abre de par en par la puerta a una nueva intermediación financiera privada y prioriza la entrega de anticipos a las EPS. A estas, además, se les amplía hasta tres años el período para hacer sus recobros y reclamaciones (artículo 70).

El proyecto pone igualmente las bases para la conversión de Saludcoop en sociedad anónima (artículo 64), la tercerización de los trabajadores en el sector y la aceleración de la liquidación de los hospitales públicos que aún quedan (artículo 71). El listado podría extenderse, pero es suficiente para entender por qué la propuesta del pnd está en contravía de la LES.

Así, los postulados y las propuestas del proyecto de PND en el problema de la salud no apuntan a construir una sociedad más justa, equitativa y democrática, sino a mantener —e inclusive a profundizar— el actual modelo de salud y de sociedad.

Peor aún, muchos de ellos están en contravía tanto de la construcción de una sociedad en paz, como de los avances que con dificultad se venían logrando, tales como la Ley Estatutaria en Salud.

La convocatoria del subtítulo de la propuesta de PND, “Todos por un nuevo país”, en lugar de acercarse, parece estar cada vez más lejos. Claro que dicho plan todavía no está aprobado, ni solo las leyes conforman la realidad, ni la sociedad está paralizada. 

(*) Docente Universidad Santo Tomás.

(Por: Saúl Franco, docente investigador (*) Universidad Nacional de Colombia
)
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