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Política & Sociedad

Desafíos de la paz territorial

El verdadero impacto de los acuerdos parciales en la Mesa de Diálogo dependerá de su implementación efectiva y de la capacidad del orden político y social del posconflicto para construir una paz estable y duradera. La negociación ofrece la oportunidad de desencadenar un proceso de transformación de las relaciones sociales del mundo rural, democratizar las decisiones de uso social del territorio y construir una institucionalidad capaz de resolver los antiguos y nuevos conflictos territoriales.

, 07.02.2015Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - Universidad Nacional de Colombia

Los acuerdos parciales divulgados en 2014 por la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y las FARC abarcan un conjunto de reformas orientadas a transformar las condiciones de vida de la sociedad rural, profundizar la democracia en el plano social y político y reorientar la política frente a las drogas y el narcotráfico.

Aunque se trata de acuerdos parciales, expresan el resultado de una agenda realista de negociación y deben ser entendidos como un aporte muy importante a la solución de una problemática estructural de la sociedad colombiana. Su verdadero impacto dependerá del proceso de implementación y de la capacidad del orden político y social del posconflicto, para proyectar el impulso reformista hacia la construcción de una paz sostenible y duradera.

El tema del territorio y los derechos de los pobladores rurales aparece como uno de los ejes fundamentales de los acuerdos. Allí se habla de una reforma rural integral y se acuerdan soluciones al tema de los cultivos de uso ilícito, enmarcadas en ese concepto. Del mismo modo, se adopta todo un sistema de garantías para la participación social y política, que va mucho más allá del tránsito de los grupos armados a la política democrática. En el plano territorial, se crean circunscripciones transitorias de paz en las zonas más afectadas por el conflicto. Por eso, el Dr. Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, ha reiterado que una de las características básicas del actual proceso es la construcción de una “paz territorial”.

Esta referencia a la dimensión territorial de la paz es novedosa y tiene un enorme potencial para buscar soluciones democráticas a viejos y nuevos conflictos por la tierra y el territorio, que son particularmente graves. De allí la necesidad de propiciar un debate amplio y plural sobre los sentidos de la paz territorial, pues se trata de una problemática que suscita grandes controversias, en la medida en que cada sector de la sociedad busca un orden territorial diferente, según sus intereses y sus relaciones con este.

El primer desafío de la paz territorial tiene que ver con la terminación del conflicto y la reparación de los daños. El enfrentamiento armado se ha expresado como una guerra irregular de larga duración que afecta a todo el país, pero cuyas dinámicas y consecuencias son diferenciadas y especialmente desproporcionadas sobre los territorios y los pobladores rurales.

El universo de más de 6 millones de víctimas es el espejo de esa geografía política de la guerra y de la economía política del despojo que le acompaña. Además, el conflicto ha sido devastador para los sectores estructuralmente más desprotegidos y discriminados, entre ellos los pueblos indígenas y afrodescendientes, el campesinado y las mujeres rurales. Ello indica que la paz territorial no puede tener el mismo significado en todas las zonas y, ante todo, demanda una política estructural de reconocimiento, reparación colectiva e inclusión efectiva de los sectores más afectados por el conflicto armado.

Un segundo desafío es ofrecer caminos creíbles de solución a los conflictos no resueltos de la sociedad rural. Siguiendo a Absalón Machado, es preciso diferenciar los tradicionales, relacionados con la tierra, de los contemporáneos, vinculados al territorio. 

Colonización y no reforma 

El fracaso histórico del reformismo agrario ha hecho de Colombia uno de los países más inequitativos y anacrónicos. Retomando el informe Colombia Rural, el país tiene un índice de ruralidad superior al 30 % y una agricultura confinada en el contexto del gran latifundio ganadero. El coeficiente gini, de concentración de la propiedad, es de 0,87 y la ganadería extensiva utiliza 40 millones de hectáreas, mientras la agricultura no supera los 5 millones, incluyendo la producción campesina y la de gran formato.

En lugar de una reforma agraria, se han estimulado procesos de colonización campesina y de expansión de latifundio, con implicaciones severas sobre la reserva forestal y el confinamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Hoy, la Corte Constitucional reconoce que más de 36 pueblos indígenas se encuentran en peligro de extinción y se sabe que más del 50 % de la población afrodescendiente registra elevados índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Más del 50 % de los campesinos que tienen alguna tierra carecen de un título formal de propiedad, existen más de 800 litigios sin resolver sobre saneamiento de territorios indígenas y el desplazamiento forzado se ha acompañado del despojo y abandono de más de 6 millones de hectáreas de tierra.

A esta matriz se sobreponen los conflictos derivados de nuevas formas de intervención de los territorios, muy articuladas a la economía global: la entrada masiva de agronegocios y de grandes proyectos minero-energéticos; la suscripción indiscriminada de tratados comerciales que profundizan asimetrías territoriales; y la persistencia de una política obsesiva por asegurar la confianza del inversionista antes que los derechos de los pobladores.

Con este panorama, el desafío de fondo es cambiar el método de imposición hegemónica de los modelos de desarrollo rural por la inclusión de los pobladores en las decisiones de uso del territorio y la creación de garantías que aseguren la coexistencia pacífica de diferentes sistemas productivos y de poblamiento. Esto implica profundizar los sistemas de consulta y participación de los pueblos; evitar la estigmatización de la consulta previa como un “estorbo para el desarrollo”; superar la cultura de negación de los aportes sociales y productivos del campesinado, simbolizada por el episodio de la Hacienda Carimagua; dejar atrás la política de subsidio a los grandes capitales; y atender las necesidades de modernización agraria por la vía de la transformación del latifundio y no por cuenta de tierras baldías en un país de campesinos sin tierra.

Un tercer desafío de la paz territorial es la transformación de una institucionalidad en los territorios, que hasta ahora ha sido más un factor de reproducción de la crisis, que agente de cambio. Esta es profundamente asimétrica y reproduce un Estado dual, preparado tradicionalmente para servir a los intereses de los grupos más poderosos, pero estructuralmente precario e ineficaz cuando se trata de proteger derechos individuales y colectivos, en particular en zonas rurales. Más aún, en los territorios imaginados como periferias, los planes de control territorial han tenido un énfasis de seguridad militar y han relegado el desarrollo de la institucionalidad civil y el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Asimetrías Territoriales  

La consecuencia es una realidad de colosales asimetrías territoriales, en temas de provisión de bienes e infraestructuras públicas, redes de protección social, acceso a la justicia, seguridad, sistemas de apoyo productivo, garantías de participación democrática, protección de intereses ambientales, entre otros. En materia de acceso efectivo a derechos, Colombia es un país de ciudadanos de primera y segunda clase, con territorios de primera y segunda clase.

Pero no se trata de asegurar cualquier presencia del Estado y menos de profundizar el centralismo, causante del actual sistema de segregación. La cuestión es cómo universalizar un estado social de derecho, para lo cual se requiere una especie de “plan Marshall” social y territorial, basado en un nuevo pacto fiscal distributivo en un sistema descentralizado, con una democracia local fuerte, pero también con un sistema robusto de corresponsabilidad y de compensación nacional de las asimetrías.

En estos aspectos, el proceso de paz ofrece una oportunidad para desencadenar la transformación de las relaciones sociales del mundo rural, democratizar las decisiones de uso social de los territorios y construir una institucionalidad capaz de resolver los antiguos y nuevos conflictos territoriales, desde lógicas de democracia, inclusión y desarrollo equitativo y sostenible.

(Por: Marco Romero,
)
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