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Política & Sociedad

Agenda de seguridad traspasa círculos militares

Ante un posible acuerdo de paz, Colombia se enfrenta a la recomposición del sistema de seguridad nacional, que debe involucrar a las instituciones militares, los organismos de justicia, las élites políticas y la sociedad civil. En el marco de la democracia y el respeto a los derechos humanos, son claves las reformas en materia de presupuesto, profesionalización, modernización, tamaño de los cuerpos de seguridad y cambios en la doctrina.

, 08.11.2014 Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz - Universidad Nacional de Colombia

Ante una eventual retirada de los grupos armados ilegales, la agenda de seguridad nacional tendría que replantearse. - foto: Ejercito Nacional de Colombia, vía flickr

En el marco del diálogo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP ha sido recurrente el temor por parte de algunos sectores políticos y de la fuerza pública respecto a la posibilidad de que las reformas sobre seguridad y defensa sean incorporadas como parte de los asuntos abordados en la negociación. A ello se suman los escándalos sobre los usos y abusos de la inteligencia militar, las interceptaciones ilegales y su impacto en el proceso de paz.

Más allá de la coyuntura y de la agenda mediática, la eventual firma de un acuerdo que siente las bases para la superación del conflicto armado en el país nos pone de cara a un escenario en el que el sector seguridad y defensa tendrá que asumir diversas transformaciones en aras de la construcción de la paz y el fortalecimiento democrático.

Hacia finales de 1990, la comunidad internacional acuñó el concepto de Reforma al Sector Seguridad (RSS), el cual hace referencia al conjunto de reestructuraciones del sistema que incluyen todos los actores y sus roles, responsabilidades y acciones, de tal manera que sean administrados y operen de manera consistente con las normas democráticas y los principios de buena gobernanza.

La RSS no se circunscribe solamente a la fuerza pública, sino que involucra a todas las instituciones encargadas del control y la supervisión de estos cuerpos armados y a las instituciones de justicia. Para el investigador Markus Schultze-Kraft, la rss enfatiza en que los cambios de los cuerpos de seguridad y las instituciones vinculadas deben tener como fin el afianzamiento de la democracia y no el de intereses corporativos, institucionales y políticos de la fuerza pública. 

Política condicionada 

El conflicto armado ha sido un factor transversal en la agenda política y de seguridad en Colombia desde mediados del siglo XX. La lucha contrainsurgente ha condicionado la política de consolidación institucional del Estado colombiano, así como las misiones, la doctrina y los diseños institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Aunque de manera posterior, el narcotráfico y la “guerra contra las drogas” fueron incluidos como parte de esta agenda, la lectura predominante ha interpretado la problemática como parte del conflicto armado y bajo las lógicas de la insurgencia/contrainsurgencia.

Si bien no es un tema que esté contemplado en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, hay que considerar las transformaciones que supondría para el sector de seguridad y defensa. La desaparición de la principal amenaza de ataques armados generaría un cambio en la agenda, así como la recomprensión de misiones convencionales (la defensa nacional exterior y la seguridad pública, urbana y rural) y no convencionales (narcotráfico, operaciones internacionales y desarrollo nacional) por parte de la fuerza pública.

En este sentido, las reformas en materia de presupuesto, profesionalización, modernización, tamaño de los cuerpos de seguridad y los cambios en la doctrina son claves. No obstante, dichas modificaciones serán objeto de disputas y controversia, ya que tocarán la estructura de la institucionalidad y de los actores que hacen parte de ella. La desconfianza frente al proceso de paz y los temores en torno a las medidas que se tomen en materia de justicia transicional y doctrina, entre otros temas, evidencian el complejo escenario que le espera a las iniciativas de la RSS.

Además de los aspectos mencionados, es necesario poner sobre la mesa los requerimientos relacionados con las reformas institucionales requeridas en este delicado tema para mejorar la democracia. Estas incluyen fortalecer las relaciones cívico-militares, optimizar la gobernanza de la seguridad, interiorizar prácticas de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas y ampliar la participación “experta” del Legislativo y la academia en la definición de reglas y objetivos estratégicos, de control y supervisión. Es decir, requiere una mirada amplia sobre el sistema -tomando como objeto de referencia al individuo y no solamente al Estado- y sobre las transformaciones que requiere en el marco de la democracia y el respeto a los derechos humanos. 

Escenarios del posconflicto 

¿Por qué son importantes estas reformas? Binkerhoff identifica tres dimensiones claves para la construcción de paz en escenarios de posconflicto: legitimidad, seguridad y eficiencia. Los cambios en seguridad y defensa no solamente impactan esta dimensión sino que también están vinculados con la reconstitución de la legitimidad.

Otros temas que requieren atención en este punto son la estructura y funcionamiento del sistema judicial y la política criminal. La RSS apunta a un sector seguridad acorde a los principios democráticos y, adicionalmente, considera su relación con el desarrollo de una cultura de la legalidad, en la que las instituciones sean efectivas para dirimir los conflictos sociales, no solo por la amenaza de la coerción, sino por la aceptación y confianza por parte de la ciudadanía.

En Colombia, el debate sobre la RSS se ha desarrollado principalmente en dos frentes. Por una parte, el análisis de la transformación de la fuerza pública para hacer frente a la lucha contrainsurgente. Por otra, el estudio de los procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.  Sin embargo, debido a la continuidad del conflicto armado, a presiones internas y externas relativas a la propia economía política de la industria militar-industrial y al énfasis en una visión coercitiva de la seguridad, no se han tomado en cuenta todas las áreas que comprenden la reforma.

De cara al fin del conflicto armado y a un proceso de construcción de paz, en el que no solo se debe garantizar la no recurrencia de la violencia insurgente sino que además se debe hacer frente a las múltiples violencias existentes en el país, se requiere considerarlas. La discusión no puede quedarse simplemente en los círculos militares, sino que debe incluir a todos los actores del sector, a las élites políticas y a la sociedad civil.

(Por: Viviana García Pinzón,
)
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