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Política & Sociedad

Aciertos y errores técnicos del reequilibrio de poderes

La no reelección del Presidente y de otros cargos, la creación del Tribunal de Aforados y de senadores regionales así como varias normas contempladas en la reforma política, suponen casi un replanteamiento de las bases del sistema electoral y político del país. Cambios de tal magnitud requieren más tiempo de discusión e incluso una asamblea nacional constituyente.

, 09.05.2015 profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (*) - Universidad Nacional de Colombia

Los debates a la Reforma Política en el Congreso no han dado tiempo para un análisis de los cambios propuestos. - foto: Catalina Torres/Unimedios

Desde la llamada ingeniería institucional, vale la pena analizar algunos aspectos de la reforma política, no muy discutidos en el proyecto de acto legislativo con el cual solo se quería, en principio, eliminar la reelección. No obstante, se le agregaron normas relacionadas con otros temas trascendentales del sistema electoral e incluso de la administración de la justicia.

Empezando por la norma sobre la que existe más consenso afirmativo: la eliminación de la reelección presidencial, hay que decirlo claro: no es una decisión tan conveniente como parece, y así lo ha señalado Manuel Alcántara, uno de los mayores expertos en política latinoamericana y autor del libro El oficio de político.

En primera instancia, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la reelección presidencial es la regla general en la que la democracia se ha difundido más. En Europa, tiene lugar por el parlamentarismo que la permite sin tapujos, y en América Latina, porque se impuso poco a poco.

La resistencia hacia ella en Colombia se debe a que, además de que no tenemos esa tradición y la rotación sirve a quienes viven de la política, en muchos casos, gobiernos latinoamericanos de derecha (Fujimori, Menem, Cardoso y Uribe) la hicieron aprobar para reelegirse a sí mismos por lo menos un par de veces, y gobiernos de izquierda (Chávez, Morales y Correa) repitieron la historia para intentar quedarse, incluso, de manera indefinida.

Fue un abuso del poder ejecutivo que se hizo casi siempre de manera fraudulenta y, en general, terminó mal. Pero La reelección no es mala en sí misma, salvo cuando está planeada para quien la hace aprobar y fue elegido cuando estaba prohibida. Si hay una adecuada división de poderes y autonomía de los organismos de control, la reelección, por lo menos por un periodo e incluso de manera inmediata, es viable para aplicar políticas de Estado con muchas más posibilidades de éxito que cuando se tiene un solo cuatrienio.

En síntesis, la discusión sobre la reelección no se ha dado lo suficiente en Colombia y, aunque a primera vista les parezca buena a casi todos, no es una decisión evidentemente conveniente desde la ingeniería institucional. Sin embargo, no es absurdo que se apruebe a pesar de ello, por el gran consenso al respecto. 

Falta tiempo 

Igual sucede con la prohibición de la reelección incluida en el texto actual del proyecto ya citado, referente a otros altos cargos: magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Comisión de Aforados, Consejo Nacional Electoral, fiscal general, procurador, defensor del pueblo, contralor, auditor, registrador y otros.

En algunos casos, la rotación puede ser buena, mientras que en otros un solo periodo quizá resulte negativo. Al respecto, se requiere una mayor decantación, pero esta no alcanza a darse en tan poco tiempo como el que se requiere para aprobar una reforma constitucional. Además, como no hay tanto consenso sobre el tema, sería mejor que se dejara para un debate posterior.

Es la misma situación, con esa especie de “Súper Corte”, que se está creando para juzgar o remitir a juzgamiento a quienes tienen fuero. Si bien presenta aspectos positivos, también hay muchos interrogantes aún, como para que deba ser aprobada tan rápidamente (en dos años).

La no reelección del Presidente y otros altos cargos, la creación del Tribunal de Aforados y de senadores regionales o la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y otras normas del proyecto de acto legislativo al que le faltan pocos debates, no es solo un “reequilibrio de poderes”. Es toda una reestructuración de la división de poderes en Colombia y hasta de la administración de justicia, lo que supone casi un replanteamiento de las bases del sistema político.

Esto implica que sus contenidos deben ser conocidos mucho tiempo antes de que comiencen a discutirse en el Congreso, y que sean ampliamente debatidos por los partidos, la prensa, los expertos y la sociedad civil en general, y con anterioridad a las sesiones parlamentarias, no de manera simultánea.

Si no existe un auténtico consenso social y experto quizá aún no conviene hacer cambios tan grandes. Podrían dejarse para ser aprobados más adelante o, incluso, en una asamblea nacional constituyente.

Con la lista cerrada es diferente, aunque también es complejo de analizar desde la ciencia política, porque hay experiencias tanto exitosas como desastrosas en varias partes del mundo. Pero aprobarla en Colombia ahora es el paso de una evolución natural del sistema electoral, que incluso debió hacerse antes. 

El primer intento 

Casi nadie sabe que la reforma política propuesta por Ernesto Samper y Horacio Serpa, en 1995, fue el primer intento serio de limitar las listas de los partidos para evitar lo que se llama la fragmentación partidaria, o sea que los partidos sean utilizados como simples catapultas de personalidades con poder electoral.

Sin embargo, hubo tanta resistencia a ello, por nuestra política de feudos electorales, que solo hasta 2003 fue incluida la lista cerrada en la Constitución. No obstante, al final, la norma no funcionó porque quedó como opcional a los partidos y casi ninguno la aplicó. Mira y Centro Democrático fueron las excepciones más visibles. Por ello, el ministro del Interior la incluyó acertadamente, esta vez como obligatoria, aunque, en principio, de manera antitécnica, porque no se señaló cómo debían elaborarse al interior de los partidos tales listas.

Luego de que los académicos, y muchos congresistas también, llamáramos la atención sobre el peligro de dejar a los partidos el orden de las listas, sin existir auténticos mecanismos de democracia al interior de casi ninguno de ellos, se planteó este año que la norma solo empezará a regir cuando exista una ley estatutaria sobre democracia interna. Sin embargo, a esto habría que agregar un periodo de mínimo dos años para su implementación en los partidos, luego de la aprobación de dicha ley, o alguna precaución parecida.

Finalmente, se debe aceptar la sugerencia de Dieter Nohlen, el gran experto en reforma política en el mundo, sobre la necesidad de ir ajustando el sistema electoral y político en lugar de hacer apuestas grandes de ingeniería institucional no suficientemente discutidas ni consensuadas.

Por eso, vale la pena aprobar la lista cerrada, pero solo con estas condiciones añadidas de democracia interna, porque ya ha habido una larga discusión sobre el tema y existe un mínimo acuerdo al respecto.

De este modo se va en la misma dirección en la que se vienen haciendo avances desde 2003 para institucionalizar un poco más a los partidos. También, quizá, se pueda eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y aprobar algunas otras normas del proyecto que no sean muy controvertidas o sobre las que exista gran consenso. Incluso, sería legítimo que se aprobara la no reelección presidencial por este mismo motivo, a pesar de que en términos de técnica institucional no existan argumentos claros a favor de ello.

En síntesis, lista cerrada sí es conveniente, pero una reestructuración de la división de poderes no, por ahora. Y reforma a la justicia oculta en reforma política, menos aún. 

(*) Director Grupo de Investigación de Partidos UN-Partidos

(Por: David Roll,
)
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