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| CÁRCELES CRISIS EN EXPANSIÓN

Uno de los resultados de las medidas populistas son los problemas crónicos de hacinamiento carcelario y la intensificación en la imposición de penas. Crédito: El Tiempo

El fracaso de la política criminal y la crisis penitenciaria

En Colombia la política criminal y penitenciaria es utilizada para aumentar los índices de popularidad del gobierno de turno. Prueba de ello son los proyectos de acto legislativo para introducir la cadena perpetua, aun en contra de las recomendaciones de estudiosos del tema.

La falta de actividades con enfoque educativo y laboral impide que las personas puedan prepararse para su vida en libertad, redimir parte de su pena e integrarse a la sociedad. Crédito: UNIMEDIOS

Cárceles, expansión de los umbrales de la muerte en Colombia

Sin los suficientes recursos humanos y financieros para satisfacer sus crecientes demandas –el presupuesto tanto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como de la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelario (Uspec) es de 2 billones de pesos–, la construcción de cárceles simplemente expandiría un sistema de reproducción de enfermedad, muerte, e incapacitación.

Es necesario crear planes de acción específicos para la población pospenada. Crédito: UNIMEDIOS

En Colombia no existe una política pública de atención a los pospenados

Para quien ha sido condenado, el regreso a la libertad y a su entorno social es un desafío. Hasta ahora la intervención del Estado se reduce a programas y proyectos aislados, desarticulados y generalmente desconocidos.

El hacinamiento en las cárceles tiene una incidencia directa sobre la salud mental de las personas privadas de la libertad. Crédito: Carlos Capella - El Tiempo

Suicidio y otros problemas de salud mental en las cárceles

No existe voluntad política para priorizar las necesidades de atención en salud mental de la población reclusa, la cual, además, es cada vez más precaria; de hecho, en varios establecimientos existe solo 1 psicólogo por cada 1.000 reclusos, lo que hace prácticamente imposible prevenir situaciones como el suicidio.

* Porcentaje con respecto al total de la población a cargo de la entidad a septiembre de 2019. Crédito: Ricardo González -  UNIMEDIOS

Derechos humanos en la prisión: más allá del hacinamiento

Si en Colombia se pretende superar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, resulta impostergable la participación conjunta y solidaria tanto de las autoridades como de la sociedad civil, con el propósito de rescatar estos sitios del abandono y la indiferencia, y de que los individuos puedan desarrollar sus capacidades y realizar actividades que les permitan alcanzar su resocialización.

Si no se cumple con el curso legal de este proyecto en el Congreso, esta propuesta se hundiría. Crédito: Nicolás Bojacá - UNIMEDIOS

Cadena perpetua, ¿una propuesta inconstitucional en Colombia?

Ante los casos de abuso registrados contra niños y adolescentes en los últimos años, en los cuales se evidencia un aumento en la prevalencia de diferentes expresiones de violencia, se retomó el debate sobre la propuesta de establecer cadena perpetua para quienes victimizan a los menores de edad. Según el informe Forensis 2018, por ejemplo la violencia intrafamiliar ha aumentado, al pasar de 9.708 casos en 2003 a 10.794 casos en 2018, en los cuales las presuntas víctimas eran menores.

La infraestructura del Inpec está conformada por 134 establecimientos instalados en 121 municipios del país. Crédito: Ministerio de Justicia

Suprimir el Inpec no sería suficiente

Antes de desaparecer una institución para darle paso a otra, el Estado debería ocuparse de cuestiones tan relevantes como tener funcionarios administrativos y directivos de carrera, y fortalecer un organismo de control disciplinario interno.

Inicialmente se tendrían dos años para liquidar al Inpec. - Crédito: Nicolás Bojacá - UNIMEDIOS

“El Inpec es una mafia y nadie se atreve a liquidarlo”

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) atraviesa por una de sus crisis más fuertes de los últimos años, tanto así, que se dio vía libre para que se considere la idea de liquidarlo. Sin embargo, esta no es una tarea fácil: en el Instituto existen más de 80 sindicatos, los recursos son limitados y cada preso cuesta al año entre 10 y 15 millones de pesos.